• Representantes de la sociedad civil y autoridades locales exigen la derogación del Decreto Legislativo 1620, alegando graves perjuicios para la población.

Representantes de la sociedad civil, dirigentes locales y autoridades de Junín expresaron su preocupación por el eventual encarecimiento del servicio de agua potable que afectaría a las poblaciones ante la aplicación del Decreto Legislativo N° 1620.

Fue durante la décima audiencia pública de la Comisión de Defensa del Consumidor, celebrada en la ciudad de Huancayo, donde se alzó una voz unánime de alerta frente a las concesiones del agua, según señalaron, previstas por la referida norma.

Los líderes locales anunciaron una marcha de protesta para este miércoles 22 de mayo, demandando la derogación de la controvertida norma. Exigieron una reunión urgente con la ministra de Vivienda antes de la reglamentación definitiva del decreto.

«La concesión no es viable, no serán favorables para nuestras comunidades y representa una amenaza a la población, los sembríos y nuestros animales», declaró el alcalde de Santo Domingo de Acobamba, Asprin Samaniego.

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Soto Palacios, respaldó las reclamaciones y lamentó que el decreto haya generado controversia. Indicó que esta norma podría afectar significativamente la disponibilidad de recursos hídricos para el abastecimiento de agua potable, y subrayó la necesidad de una aclaración por parte del Ministerio de Vivienda.

Por otro lado, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes Bravo, anunció que la norma será prepublicada esta semana para su análisis y evaluación.

Barrantes aclaró que las concesiones de agua en el país se realizan desde 1991 y que el decreto no implica una privatización del recurso. «Nosotros no podemos ir contra la ley y la ley precisa que el agua no se privatiza», enfatizó.

El viceministro también destacó la importancia de crear espacios de diálogo para corregir posibles fallas y fortalecer las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), en lugar de eliminarlas.

Sin embargo, el congresista huancaíno, Ilich López, criticó que hasta la fecha no se haya cumplido con la prepublicación del decreto, que se había anunciado para el sábado 18 del presente mes y nunca se habló de fortalecer las JASS.

La audiencia contó con la participación del presidente ejecutivo del Indecopi, Alberto Villanueva, y otros funcionarios regionales de organismos como Osiptel, Osinerming y Electrocentro, así como representantes de la sociedad civil.

Como se recuerda la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el Decreto Legislativo N° 1620 reafirmando la importancia de preservar el dominio público de las fuentes de agua, señalando que el agua es un recurso natural esencial y un derecho humano reconocido constitucionalmente en el país.

La Defensoría también destacó que la norma, promulgada en diciembre último modifica la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, permitiendo que gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda otorguen concesiones al sector privado para la explotación de fuentes hídricas destinadas al consumo humano.

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS