En su décima tercera sesión ordinaria, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, presidida por el congresista Manuel García Correa, aprobó por unanimidad dos dictámenes de insistencia que fortalecen la protección de los derechos de los usuarios del transporte y combaten la extorsión telefónica.

El primer dictamen busca modificar la Ley 26917 para reforzar la competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) en la promoción de derechos y deberes de los usuarios. Con esta medida, se espera mejorar la transparencia y las condiciones de servicio para los consumidores.

El segundo dictamen aprobado se enfoca en la modificación de los Decretos Legislativos 1182 y 1338, estableciendo mecanismos más precisos para la identificación, geolocalización y bloqueo de líneas telefónicas utilizadas en actividades delictivas. Este marco legal permitirá a las víctimas de extorsión solicitar la cancelación inmediata de las líneas empleadas para amenazas, fortaleciendo así la lucha contra el crimen organizado.

El presidente de la Comisión durante su sustentación destacó la importancia de la modificación propuesta al Decreto Legislativo 26917, que fortalecerá la competencia del OSITRAN en la difusión de los derechos y deberes de los usuarios del transporte público. Asimismo, subrayó la relevancia de la modificación de los Decretos Legislativos 1182 y 1338, destacando que permitirá una respuesta más rápida y efectiva ante la extorsión telefónica, garantizando así una mayor protección para las víctimas sin vulnerar sus derechos fundamentales.

Durante la sesión, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manuel Manero Campos, presentó las acciones adoptadas frente a la presencia de agroquímicos en alimentos comercializados en los mercados del país. Entre las medidas destacadas, anunció la creación de un sello nacional de Buenas Prácticas de Inocuidad, diseñado en conjunto con la ONUDI y el IICA, para distinguir a los productores certificados en buenas prácticas agrícolas.

Asimismo, informó sobre la intensificación de operativos de fiscalización en mercados y supermercados de Lima, lo que ya ha derivado en clausuras en distritos como Jesús María y La Molina debido a la venta de productos contaminados. Además, se han incrementado los decomisos de plaguicidas prohibidos a nivel nacional y se ha impulsado la difusión masiva de los riesgos del consumo de alimentos contaminados.

Por su parte, el coordinador del Monitoreo Ciudadano sobre la presencia de agroquímicos en los alimentos, Jaime Delgado Zegarra, propuso la posibilidad de llevar a cabo un monitoreo conjunto con el SENASA. En su intervención, destacó la importancia de realizar este tipo de acciones colaborativas para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir los riesgos asociados al consumo de productos contaminados, asegurando que los controles sean más efectivos y amplios a nivel nacional.

DESPACHO DEL CONGRESISTA MANUEL GARCÍA CORREA