• Nueva legislación protege a los consumidores de llamadas y mensajes no deseados

El pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca poner fin a las llamadas y mensajes de spam que diariamente afectan la tranquilidad y salud emocional de los consumidores.

Esta medida, calificada como una infracción muy grave, conlleva severas sanciones económicas para las empresas infractoras, alcanzando la suma de 450 Unidades Impositivas Tributarias, lo que representa más de 2 millones 317 mil 500 soles.

Durante la sustentación del referido proyecto, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto Palacios, señaló que esta iniciativa responde a la impunidad que ha prevalecido respecto de las llamadas spam que mortifican a los usuarios.

«La Comisión ha debatido y reflexionado ampliamente sobre esta problemática, coincidiendo unánimemente en la necesidad de brindar una nueva legislación coherente que considere el impacto tanto en los proveedores como en los consumidores», afirmó Soto Palacios.

El nuevo texto legislativo modifica el literal e) del artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La propuesta establece que, como regla general, ninguna empresa puede realizar llamadas a números telefónicos de los consumidores, ni enviar mensajes a sus direcciones electrónicas para promover productos o servicios, a menos que el consumidor, por su propia iniciativa, haya manifestado su consentimiento “libre, previo, informado, expreso e inequívoco”.

Soto Palacios destacó que este cambio es crucial, ya que muchas veces los consumidores dan su consentimiento involuntario, sin contar con información clara y precisa, en contextos como la tramitación de un seguro o la adquisición de servicios en línea.

En estos casos, los consumidores se ven obligados a aceptar términos y condiciones confusas y poco accesibles para poder completar sus transacciones. “Esta práctica no solo invade su privacidad, sino que también promueve el tráfico ilegal de datos personales”, anotó.

De acuerdo con la norma, la vulneración de esta prohibición será considerada una infracción muy grave, con sanciones que buscan disuadir efectivamente a los infractores.

INDECOPI, la entidad encargada de aplicar estas sanciones, ha sido criticada por imponer multas insuficientes, lo que ha permitido que estas prácticas agresivas continúen afectando a los consumidores.

La Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el congresista Wilson Soto Palacios, ha subrayado que esta normativa refuerza el derecho de los consumidores a estar protegidos contra métodos comerciales agresivos o engañosos.

Las empresas no podrán realizar prácticas que limiten significativamente la libertad de elección del consumidor mediante el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo.

Soto Palacios dijo que, “con estas medidas, se espera que se reduzcan las molestias causadas por las llamadas y mensajes no solicitados, protegiendo así la privacidad y tranquilidad de millones de usuarios en el país”.

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS