En el marco de la mesa de trabajo “Fortaleciendo a las áreas “marinas protegidas” organizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), presidida por la Congresista Silvana Robles Araujo, congresistas, especialistas y representantes de la sociedad civil expresaron su profunda preocupación por el impacto de la pesca industrial en la seguridad alimentaria y en las áreas marinas protegidas del país.

Durante la mesa de trabajo, el congresista Luis Kamiche Morante señalo que, pese a la urgente necesidad de garantizar una alimentación saludable para más de 35 millones de peruanos, el 98 % de la anchoveta capturada en 2025 alrededor de 5 millones de toneladas fue destinada al consumo animal. Esta situación contrasta con los altos índices de desnutrición infantil, que alcanzan el 43.5 % a nivel nacional y hasta el 69 % en la región Puno.

En la misma línea, la congresista Kira Alcarráz Agüero alertó sobre la pesca indiscriminada a gran escala dentro de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, señalando que esta actividad perjudica a los pescadores artesanales, afecta el turismo y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la fauna marina.

Durante la jordana los especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección de las áreas marinas. Carmen Heck, vicepresidenta de Oceana Perú, sostuvo que la pesca industrial no es compatible con áreas naturales protegidas debido a su impacto ecosistémico. Indicó además que los permisos de pesca no constituyen derechos sobre zonas específicas, sino autorizaciones sujetas a la normativa vigente.

Por su parte, el abogado Manuel Bartra Mujica, del colectivo “Protejamos Paracas”, informó que cerca de 300,000 ciudadanos respaldan iniciativas contra la pesca a gran escala. Subrayó que, aunque el 92 % del mar peruano está disponible para explotación, solo el 8 % se encuentra protegido, por lo que instó a garantizar una protección efectiva.

Representantes de comités de gestión de diversas reservas coincidieron en que la pesca industrial genera daños ecológicos y afecta directamente a las economías locales basadas en la pesca artesanal y el turismo. También denunciaron la falta de control en zonas como Ancón y Tumbes, donde se registran prácticas de pesca indiscriminada desde hace años.

Finalmente, la bióloga Kerstin Forsberg, de Planeta Océano, destacó la relevancia internacional de las áreas marinas protegidas y recordó que actualmente solo el 10 % del mar está protegido; sin embargo se espera llegar a  la meta global es alcanzar el 30 %.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) concluyó que estas áreas enfrentan un grave riesgo por la expansión de la pesca industrial, subrayando la responsabilidad del Estado y el Congreso en su fiscalización y protección.

DESPACHO DE LA CONGRESISTA  SILVANA ROBLES ARAUJO