A propósito de la reciente Ley N° 514 que establece medidas para la prevención de pérdidas de alimentos y la promoción de la seguridad alimentaria en la hermana república de Panamá, vemos que las iniciativas del Pacto Alimentación Primero están dando sus primeros frutos a nivel regional, cuya hoja de ruta marca un derrotero que no admite ‘medias tintas’.

En el escenario global de 2026, la seguridad alimentaria ha dejado de ser un tema meramente sectorial para convertirse en el eje de la estabilidad política y social de las naciones. El pacto «Alimentación Primero», impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, no es solo un acuerdo técnico; es un manifiesto de voluntad política que coloca la vida y la nutrición por encima de cualquier otra consideración económica.

El pacto busca transformar los sistemas agroalimentarios para hacerlos más resilientes, inclusivos y sostenibles. Países como Chile, República Dominicana y diversos miembros de FOPREL (Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe) ya han dado el paso al frente, suscribiendo este compromiso que obliga a los estados a legislar con un enfoque de «derecho a la alimentación».

Este respaldo internacional es crucial porque establece una hoja de ruta clara: priorizar la agricultura familiar, fortalecer los programas de alimentación escolar y blindar los presupuestos destinados a la lucha contra la malnutrición frente a las fluctuaciones del mercado.

Si bien América Latina y el Caribe han mostrado una tendencia de mejora por cuarto año consecutivo, los desafíos en la subregión andina siguen siendo críticos. Según los datos del informe de la FAO de 2025, la prevalencia del hambre en la región se estima en un 3.8% (aproximadamente 16.7 millones de personas), y aunque es la cifra más baja de la región, oculta disparidades geográficas profundas.

Por su parte, la inseguridad alimentaria moderada o grave afecta al 22.2% de la población en Sudamérica, lo que significa que millones de personas no tienen la certeza de si podrán comer mañana o se ven obligadas a reducir la calidad de su dieta.

Por otro lado, América Latina ostenta el costo más alto del mundo para acceder a una dieta sana, con un promedio de 5.16 USD diarios, lo que deja fuera del alcance a más de 181 millones de personas en el continente.

En este contexto regional, en el Perú la paradoja de ser una potencia agroexportadora frente a los niveles de inseguridad alimentaria interna es el corazón del debate político. A pesar del crecimiento macroeconómico, las cifras oficiales reflejan una realidad que exige la implementación inmediata del Pacto Alimentación Primero; según cifras oficiales, se estima que más de la mitad de la población peruana ha enfrentado algún nivel de inseguridad alimentaria en los últimos años, exacerbada por la inflación de los insumos agrícolas y los fenómenos climáticos que afectan la sierra y selva; en regiones de la Amazonía peruana, la anemia ha llegado a afectar hasta al 70% de la población, una cifra alarmante que compromete el capital humano y el desarrollo futuro del país, sobre todo considerando el aumento en el costo de los fertilizantes y la logística, que ha golpeado directamente al pequeño agricultor, el principal proveedor de la mesa peruana.

El Perú posee un marco normativo sólido y formalmente robusto. Contamos con leyes de vanguardia que cubren desde la producción agrícola hasta el etiquetado nutricional y el desperdicio de alimentos. Sin embargo, la «firmeza» del sistema se ve debilitada no por la falta de leyes, sino por la discontinuidad administrativa y la necesidad de una mayor voluntad presupuestaria para que los planes nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional lleguen con impacto real a las zonas rurales y periurbanas más afectadas por la inseguridad alimentaria.

La firma del Pacto Alimentación Primero por parte del Estado Peruano y sus pares andinos no debe verse como un acto protocolario, sino como una inversión en paz social. No hay democracia que se sostenga sobre estómagos vacíos.

La lucha contra el hambre es la madre de todas las batallas. Al adherirse al Pacto Alimentación Primero, el Perú tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando que la eficiencia técnica y el humanismo político pueden unirse para erradicar la mayor injusticia de nuestro tiempo: el hambre en una tierra de abundancia.

¡Es momento de actuar! ¡Por un Perú y una región andina donde la alimentación sea, verdaderamente, lo primero!

Fernando Arce Alvarado

Parlamentario Andino