El congresista Héctor Acuña Peralta presentó el Proyecto de Ley N° 14506 que restablece los estándares mínimos de calidad universitaria y garantiza la supervisión permanente del servicio educativo superior en el país.

La iniciativa legislativa responde a la necesidad de asegurar que las universidades no solo cumplan con condiciones básicas al momento de obtener una autorización, sino que las mantengan a lo largo del tiempo, en beneficio de los estudiantes y sus familias. Por ello, este proyecto de ley busca derogar la Ley N° 32105 que debilitó el sistema de control y supervisión continua de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“La Sunedu fue concebida como una entidad técnica especializada, por lo que debemos fortalecer su labor para asegurar la calidad educativa. El licenciamiento institucional no puede entenderse como un acto único y definitivo, sino como un proceso dinámico que requiere evaluaciones periódicas”, explicó el parlamentario de la bancada de Honor y Democracia.

Por ende, este proyecto de ley plantea que la Sunedu supervise y verifique condiciones vinculadas a infraestructura, plana docente, investigación, servicios complementarios, gestión institucional y sostenibilidad del servicio educativo superior; con el objetivo de fortalecer el rol del Estado en la vigilancia de la calidad universitaria, a fin de evitar que los estudiantes accedan a servicios educativos deficientes.

El congresista de la región La Libertad agregó que esta medida contribuye a restituir la confianza de la ciudadanía en el sistema universitario. “Miles de jóvenes y familias realizan un gran esfuerzo económico para acceder a una carrera universitaria; por lo que el Estado debe garantizar que este esfuerzo se traduzca en una formación profesional, responsable y en condiciones reales de calidad,” señaló el Acuña Peralta.

El Proyecto de Ley N° 14506 busca fortalecer el sistema universitario peruano mediante una supervisión continua y criterios de calidad verificables, orientados a proteger el derecho de los estudiantes a recibir una formación profesional seria, responsable y acorde con las exigencias del país.