Vigilancia preventiva, trazabilidad y alertas públicas para proteger al consumidor desde el campo hasta la mesa.

La bancada de Ahora Nación presentó un proyecto de ley para fortalecer la inocuidad de los alimentos y proteger a los consumidores frente a productos contaminados o que superen los límites máximos de residuos de plaguicidas y otros contaminantes. La iniciativa plantea pasar de un modelo principalmente reactivo a un sistema preventivo, articulado y con trazabilidad, que permita detectar los riesgos, identificar el origen de los productos y retirarlos oportunamente del mercado.

La propuesta fortalece las responsabilidades de SENASA, DIGESA y SANIPES, así como de los gobiernos regionales y locales, en el control del comercio interno, transporte, almacenamiento, comercialización y expendio de alimentos. Uno de sus principales componentes es la implementación de un sistema de trazabilidad agraria, que permita conocer el origen y recorrido de los productos desde el campo o la granja hasta el consumidor. Asimismo, establece el cumplimiento obligatorio de buenas prácticas agrícolas y considera infracción muy grave el uso indebido de plaguicidas cuando represente un riesgo para la salud pública o el medioambiente.

La urgencia de esta reforma se evidencia en los resultados de los diversos monitoreos ciudadanos realizado a nivel nacional liderado por el senador Jaime Delgado, donde el 60 % de las muestras analizadas fue considerado no apto para el consumo humano por la altísima concentración de agroquímicos, por ejemplo, como el pimiento que arrojo triasofos de 5,200 por ciento y en el caso del tomate la presencia de fipronil 1,280 por ciento en exceso de los límites máximos permitidos. Estos resultados, según la iniciativa, revelan la necesidad de reforzar la vigilancia antes de que los productos lleguen al consumidor y de contar con mecanismos eficaces para su inmovilización y retiro.

El proyecto cobra especial relevancia tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que reconoce la existencia de un estado de cosas inconstitucional al considerar estructuralmente insuficiente la respuesta estatal frente a los riesgos sanitarios y ambientales asociados a determinados plaguicidas y la inocuidad de los alimentos de origen vegetal. En ese marco, el TC dispuso medidas relacionadas con la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de cinco plaguicidas —clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin— destinados a alimentos de consumo interno, además de su reevaluación y el reforzamiento de la supervisión, fiscalización, capacidad de laboratorios, protocolos de respuesta y difusión pública de los resultados de monitoreo.

“La defensa del consumidor empieza antes de que el producto llegue al mercado. No podemos esperar que una persona se intoxique para recién actuar. El Estado tiene la obligación de prevenir, fiscalizar y retirar oportunamente cualquier alimento que ponga en riesgo la salud de los peruanos”, afirmó el senador Jaime Delgado. Agregó que la iniciativa busca cerrar las brechas existentes y evitar que el consumidor termine pagando las consecuencias de una fiscalización tardía.

DESPACHO DE SENADOR JAIME DELGADO