Con el fin de garantizar una efectiva defensa jurídica para la protección de los bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación, el congresista Héctor Acuña Peralta presentó el proyecto de ley N°6938.

La propuesta legislativa dispone incorporar la Duodécima Disposición Complementaria Final al Decreto Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.

El Proyecto de Ley busca establecer que la Procuraduría General, a solicitud de la Dirección Desconcentrada de Cultura o del Gobierno Regional competente, designe a procuradores ad hoc en materia de protección al Patrimonio Cultural de la Nación, bajo un procedimiento de concurso público de méritos. Asimismo, busca disponer que las designaciones de estos procuradores públicos ad hoc tengan una duración de tres años prorrogables.

La iniciativa legislativa tiene el objetivo de resolver una carencia que tiene el Estado para resguardar el Patrimonio Cultural de la Nación, debido a que se ha evidenciado una gran dificultad para el ejercicio de una defensa jurídica oportuna y eficaz.

Es el caso de la zona arqueológica de Chan Chan, la ciudadela de barro más grande del mundo, en cuyo perímetro se vienen realizando ocupaciones ilegales, pese a tratarse de un área intangible reconocida como patrimonio mundial por la UNESCO.

En el 2015, la Contraloría General de la República realizó una acción simultánea en ocho zonas arqueológicas de Lima y Callao, declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, en las cuales se constató que más de 200 km2 de áreas intangibles se encontraban invadidas y en siete de ellas hubo una afectación irreversible. Esta grave situación persiste a nivel nacional, en sitios y complejos arqueológicos de Áncash, La Libertad, Cusco, Puno, entre otras regiones, poniendo en riesgo de destrucción o deterioro a los bienes que constituyen la riqueza cultural de nuestro país.

Así, se han identificado diversas acciones legales adoptadas por los grupos que invaden estas áreas y que la defensa jurídica del Sector cultura no se da abasto para contrarrestar. Por lo que se requiere contar con profesionales que, de forma exclusiva, brinden una defensa jurídica efectiva y oportuna para tutelar nuestro patrimonio cultural y garantizar su preservación.

Lima, 5 de febrero de 2024

DESPACHO DEL CONGRESISTA HÉCTOR ACUÑA