Proyecto de ley plantea que los colegios no condicionen la matrícula de estudiantes con TEA a la contratación de un acompañante externo y establece hasta 20 días hábiles para la certificación de discapacidad, con una prórroga excepcional de 10 días.

La diputada de Renovación Popular, Verónica Yonz Núñez, presentó un proyecto de ley que busca reducir las brechas que enfrentan las personas con trastorno del espectro autista (TEA), poniendo énfasis en dos problemas específicos, el costo que muchas familias terminan asumiendo por un “profesor sombra” y las demoras en los procedimientos de certificación de discapacidad.

En el ámbito educativo, la propuesta establece que los estudiantes con TEA deben recibir ajustes razonables y apoyos educativos individualizados de acuerdo con una evaluación pedagógica. Cuando se determine que un alumno necesita acompañamiento individual u otro apoyo específico, este deberá organizarse progresivamente mediante el Servicio de Apoyo Educativo u otros mecanismos previstos por la normativa educativa, sin trasladar esa responsabilidad económica a las familias.

La iniciativa precisa que la matrícula, permanencia o participación del estudiante no podrá condicionarse a que sus padres contraten o financien un acompañante externo o “profesor sombra”. Además, advierte que esta exigencia puede generar exclusión y desigualdad, especialmente entre las familias que no cuentan con recursos para asumir ese gasto.

El segundo cambio central está en la certificación de discapacidad. El proyecto dispone que, una vez presentada la solicitud completa, la evaluación, calificación y certificación se realicen dentro de un plazo de 20 días hábiles, prorrogable excepcionalmente hasta por 10 días hábiles adicionales, siempre mediante una decisión debidamente motivada.

Asimismo, la propuesta señala que deberán considerarse los diagnósticos, informes y exámenes válidamente emitidos, evitando su repetición innecesaria salvo que exista una justificación clínica consignada en la historia clínica. Con ello, se busca reducir trámites, costos y demoras que actualmente pueden recaer sobre las personas con TEA y sus familias.

La iniciativa se sustenta además en cifras oficiales. Según información del Ministerio de Salud recogida en la exposición de motivos, en 2024 se reportaron 91,884 casos atendidos de autismo en el país, frente a 77,678 en 2023, una diferencia de 14,206 casos, equivalente a 18.3 %. Por su parte, el Conadis informó que al 2 de abril de 2024 había 21,080 personas con TEA inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, frente a 15,217 un año antes.

Con esta propuesta, la parlamentaria busca que la inclusión educativa y el acceso a la certificación no dependan de la capacidad económica ni de la gestión individual de cada familia, sino de una respuesta organizada y oportuna del Estado. La iniciativa también contempla medidas en salud, protección frente a la violencia y fortalecimiento de la información pública sobre las brechas que afectan a las personas con TEA.

DESPACHO DIPUTADA VERÓNICA YONZ