El congresista Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) solicitó al grupo de trabajo invitar a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, a una próxima sesión para que responda  por la medidas que se vienen aplicando desde su cartera ministerial.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República se instaló este viernes, y designó al parlamentario Fernández Chacón como vicepresidente.

En su primera intervención el congresista rechazó la implementación del Decreto de Urgencia 38-2020,» denominado «Suspensión perfecta», el cual establece que los empleados podrán ser suspendidos sin goce de haber por noventa días, lo que a su entender sería una forma de violentar el derecho a los trabajadores.

«….Los más agredidos por la flexibilización laboral y menos posibilidades tienen para defender sus derechos son los trabajadores, cada día están más desamparados» Resulta que las empresas que se beneficiaron de la política económica, que han tenido exoneraciones tributarias y que no pagan las multas, ¿no tienen dinero para pagar la planilla de los trabajadores? La mejor opción para ellos es que [los trabajadores] se vayan a su casa sin goce de haber», sostuvo.

El parlamentario también rechazó la grave situación que vive la gran mayoría de aportantes a los servicios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), quienes denuncian que durante varios años vienen recibiendo como jubilación menos de S/ 500 mensuales y que serían los más afectados en esta crisis, pues serían los únicos impedidos de retirar sus fondos de jubilación.

«Es un reclamo que tiene todas las exigencias que hacen los distintos gremios de los trabajadores jubilados. Como dije en alguna oportunidad «jubilarse es una pesadilla». No es la esperanza de vivir por lo menos una vejez más o menos tranquila como nos merecemos los que hemos aportado en este país con nuestro trabajo, porque salen de ganar 3 o 4 mil soles a ganar como máximo 800 soles, y eso no puede ser«, denunció.

Finalmente, cuestionó la dura realidad  de los médicos y enfermeras porque afrontan en primera línea la grave crisis sanitaria a causa del COVID-19, contratados bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS). «Se les paga cuando les da la gana, los despiden cuando reclaman algo y están sometidos a exigencias que no corresponden a su calidad humana ni profesional«, sostuvo.

PRENSA -CONGRESO