La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Rosselli Amuruz Dulanto, pidió a la presidenta Dina Boluarte, evaluar la suspensión del pago de la cuota anual para la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerar que las sentencias de sus organismos vienen protegiendo a delincuentes terroristas, creando un sentir de indefensión y desprotección entre los peruanos.

Indicó que no es justo que el país le otorgue a la OEA una cuota anual de casi un millón de dólares cuando algunos de sus organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH, con sus arbitrarios fallos, pidan reabrir juicios e indemnizar a delincuentes terroristas que desangraron al país.

Amuruz también exhortó a la presidenta Boluarte a plantear ante la OEA que se les prohíba a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) realizar aportes que impidan la neutralidad e imparcialidad en las decisiones que adoptan los países de la región.

“Algunas ONG con el argumento de defender los derechos humanos, lo que hacen es proteger a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático y la tranquilidad de los ciudadanos”, expresó.

Por último, la vicepresidenta del Congreso pidió que en el seno de la OEA se discuta el impedimento de los Estados que no son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos – Pacto de San José-, a participar en las elecciones de jueces de Corte CIDH y de los integrantes de la CIDH.

“Es necesario reestructurar el sistema de votación para la elección de jueces y comisionados de estos organismos, pues algunos países que participan con su voto no respetan los derechos humanos fundamentales, lo cual hace que puedan elegir a personas que no son idóneas para velar y proteger a los ciudadanos”, concluyó Amuruz.

DESPACHO CONGRESAL