Si bien existe un comunicado de Sedapal de la suspensión del aumento tarifario, este será aplicado a partir de junio 2026.

Ministerio de Vivienda, Sedapal, Sunass, Defensoría del Pueblo y especialistas analizarán los efectos del rebalanceo tarifario.

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República exigió a SEDAPAL para que en el plazo perentorio de 48 horas informe detallada y documentadamente -mediante oficio N°248-2025-2026/CODECO-CR- en cuanto al pedido de información relacionado con el reajuste tarifario del servicio de agua potable para Lima y Callao que comenzará a facturarse en los recibos de los consumidores, a partir de junio del 2026.

La sesión extraordinaria está programada para este jueves 05 de febrero a las 09:00 a. m. en la Sala Martha Hildebrandt del Edif. Víctor Raúl Haya de la Torre a fin de abordar el tema referido al incremento de la tarifa del servicio de agua potable y sus impactos en la ciudadanía.

Cabe precisar, que el Congreso solicitó desde el 14 de enero información detallada en cuanto a los criterios técnicos y normativos que sustentan el reajuste tarifario, la metodología utilizada para determinar la rentabilidad reconocida a las empresas prestadoras, el desarrollo de las audiencias públicas del proceso de revisión tarifaria, así como el impacto económico del incremento en los usuarios residenciales, con especial énfasis en los sectores más vulnerables. Información que no ha sido entregada a dicha comisión.

Katy Ugarte Mamani, presidenta de la comisión, señaló que cualquier incremento en la tarifa del agua debe estar directamente vinculado a mejoras concretas y verificables en la calidad del servicio, y no puede afectar de manera desproporcionada a las familias, especialmente en un contexto donde persisten deficiencias en continuidad, cobertura y atención a los usuarios.

El reajuste tarifario aplicado desde enero de 2026 implica un incremento de hasta 12 % para los usuarios domésticos, lo que representa una carga adicional directa en el presupuesto de miles de familias, especialmente en los hogares de menores ingresos, donde el gasto en servicios básicos tiene un mayor impacto.

“El Congreso tiene la obligación de fiscalizar decisiones que impactan directamente en el bolsillo de millones de peruanos. La falta de respuesta de SEDAPAL frente a un pedido formal de información es inaceptable”, precisó la presidenta de la comisión.

En ese contexto, la presidenta de la comisión fue enfática al señalar: “Es inconcebible que SEDAPAL todavía no haya respondido por el incremento del 12 % que ya están pagando los usuarios y, al mismo tiempo, esté exigiendo aumentos adicionales que van del 18 % al 28 %. No se puede seguir trasladando la ineficiencia a los ciudadanos sin dar explicaciones claras y transparentes”, finalizó.

DESPACHO DE LA CONGRESISTA KATY UGARTE MAMANI