Durante su octava sesión ordinaria, la Comisión de Defensa del Consumidor, bajo la presidencia del congresista Manuel García Correa, abordó dos temas cruciales: la preocupante disminución de las metas de fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) para el 2025 y la aprobación por mayoría del predictamen del Proyecto de Ley 8664/2024-CR, que devuelve a la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (SUNASS) competencias clave para garantizar la calidad y sostenibilidad del servicio de agua potable y saneamiento.

El presidente de Osinergmin, Omar Franco Chambergo Rodríguez, reveló que las metas de fiscalización para hidrocarburos y electricidad serán significativamente menores en el 2025 debido a una reducción en el presupuesto asignado. Según los datos presentados, la supervisión en hidrocarburos pasará de 146,608 acciones en el 2024 a 134,651 en el 2025, mientras que la fiscalización en electricidad disminuirá de 224,611 a 185,245 acciones en el mismo periodo. Esta situación genera inquietud, ya que podría afectar la calidad y seguridad de servicios esenciales para millones de ciudadanos.

Por otro lado, la comisión aprobó por mayoría el predictamen del Proyecto de Ley 8664/2024-CR, que busca corregir las inequidades generadas por la reforma al Decreto Legislativo 1280, que debilitó la autonomía técnica de Sunass al retirarle competencias fundamentales, como la aprobación de estructuras tarifarias y la exigencia de metas de gestión. Esta situación limitó la capacidad del regulador para garantizar tarifas justas y la sostenibilidad del servicio.

Con la aprobación de este dictamen, la comisión le devuelve a Sunass sus facultades técnicas, asegurando que pueda implementar tarifas equitativas, establecer metas claras y supervisar eficientemente la calidad del servicio, beneficiando directamente a los sectores más vulnerables del país.

“Estamos corrigiendo una situación que generó graves desigualdades tarifarias y afectó la capacidad de Sunass para cumplir con su misión. Con este dictamen, fortalecemos su rol para garantizar un acceso justo y sostenible al agua potable y saneamiento,” destacó el congresista García Correa.

Lima 2 de diciembre de 2024

DESPACHO DEL CONGRESISTA MANUEL GARCÍA CORREA