Acuerdo por acceso a la información y justicia en temas ambientales vulnera la Constitución del Perú

10 Jul 2020 | 13:26 h

  • Parlamentaria solicitó al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que se revise este documento

La parlamentaria Valeria Valer (Fuerza Popular), cuestionó que el Gobierno haya firmado para ser parte del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), ya que consideró que esto vulnera la Constitución política del Perú, debido a que somete al Estado a resolver conflictos ambientales en una Corte Internacional y no respeta la soberanía.

«En ese sentido, se colige que la entrada en vigencia del tratado obliga a los Estados Parte al sometimiento de la jurisdicción internacional cualquier tipo de controversia que surgiera en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. De esta manera, el Perú estaría sometido a la competencia contenciosa que ostenta la Corte Internacional de Justicia», enfatizó

A través de un documento enviado al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gilmer Trujillo (FP), Valer señaló que si bien el acuerdo ayuda a establecer un marco jurídico internacional que fortalezca los problemas ambientales de la región, es este mismo punto el se vulnera la soberanía del Perú, y, por lo tanto, su Carta Magna.

«Dicho tratado disminuiría la soberanía con la que cuenta la República del Perú en la resolución de conflictos vinculados a la citada materia (problemas ambientales), lo cual consideramos que constituye una vulneración de uno de los principios supremos de nuestra Constitución Política, como lo es la soberanía nacional», expresó.

Asimismo, la parlamentaria de Fuerza Popular explicó que la resolución de conflictos que versa sobre la tutela de derechos fundamentales, relacionados a temas ambientales es responsabilidad del Tribunal Constitucional (TC).

Además, Valer solicitó a Trujillo que sea el Congreso, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, la entidad que revise este acuerdo firmado por el Gobierno, ya que considera «innecesario y contraproducente someter los conflictos en materia ambiental a tribunales internacionales, ajenos a nuestra realidad social».

 

Lima, 10 de julio de 2020

DESPACHO CONGRESAL

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