La Comisión Permanente otorga a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar su informe final respecto a cuatro denuncias constitucionales declaradas procedentes, entre ellas, contra la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra.