Con la frase «roba pero hace obras» ¡nunca más!, el congresista del Frente Amplio, Enrique Fernández presentó el pasado 07 de octubre, el proyecto de ley 6385 que «modifica el decreto legislativo Nº 1373, fortalece la lucha contra la corrupción en los contratos de asociación público privada».

Esta iniciativa plantea poner fin a los contratos y concesiones de asociación público privada o de cualquier otro tipo de origen ilícito a fin de resarcir el daño económico generado al Estado.

«Hace días presentamos un proyecto de Ley que tiene el objetivo de conquistar la anulación de todos los contratos corruptos con los que se entregaron las concesiones de los peajes y otras APP. Proponemos aplicar la extinción de dominio a estos contratos, de manera que la justicia, a través de jueces y fiscales apliquen ya este mecanismo. Para esto se debemos luchar y aprobar la Ley que presentamos, por qué hasta hoy estos empresarios cuentan con la impunidad que le cuida sus negociados», manifestó el parlamentario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto, señala que, «en nuestro país las concesiones, y las asociaciones público tienen su origen en la década del noventa y se establecieron como parte de las políticas neoliberales entreguistas con la supuesta finalidad de promover la inversión privada nacional y extranjera (…) sin embargo, fue el corrupto gobierno aprista (2008), vía Decreto Legislativo N°1012, el que va a regular de manera diferenciada, directa y por su nombre a las APP y a las concesiones».

«De esta manera, las APP se consolidan como un mecanismo que legaliza la privatización de los servicios y obras públicas garantizando el enriquecimiento de grandes multinacionales que usufructúan este privilegio en desmedro de los derechos del conjunto de la población obteniendo enormes ganancias»

Además, Chacón dijo que «Hace meses me comprometo a avanzar es este sentido, ahora en recuperación lo hago con firmeza. Con los peajes violan el derecho a circular y le roban la plata al pueblo para llevarse millones. Hay que terminar con esta estafa, anular los contratos y que los empresarios devuelvan todo lo que se robaron».

Finalmente, esta iniciativa legislativa propone un plazo máximo de (15) días calendario para que el Poder Ejecutivo realice las modificaciones necesarias para la aplicación de la presente Ley.

Lima, 16 de octubre de 2020

DESPACHO CONGRESAL