La ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva Luperdi, reconoció el martes 18 ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que el contrato del Consorcio Geoservice – Hidroenergía con el Estado no debió firmarse mientras ella estaba a cargo de ese portafolio.

La titular del MEF responsabilizó del hecho al apoderado legal de la empresa Juan Armando Olazábal Álvarez y a la entidad contratante, que debió hacer las verificaciones pertinentes.

“Lo que tengo conocimiento es que mi padre ha dado respuesta sobre el caso”, dijo frente a las interrogantes de los parlamentarios.

Señaló que toda la documentación sobre el particular está en manos del Tribunal de Contrataciones donde se está investigando el caso, luego de lo cual emitirá su veredicto sobre las sanciones.

Algunos integrantes de ese grupo de trabajo legislativo, que preside el congresista Édgar Alarcón Tejada (UPP), le preguntaron si había pensado en la renuncia al MEF e incluso le sugirieron que lo hiciera, entre ellos, los legisladores Arón Espinoza Velarde (PP) y José Luis Ancalle Gutiérrez (FA).

“Yo sigo trabajando con mucho compromiso con el país y lo continuaré haciendo, mientras que el Presidente de la República, así lo considere”, respondió la titular del MEF.

La ministra Alva Luperdi participó de la sesión virtual durante más de seis horas para responder sobre las metas y objetivos del programa de reactivación en medio de la pandemia, Reactiva Perú, y sobre el caso de la buena pro ganada por la empresa de su padre, por un contrato de más de un millón y medio de soles con el Estado suscrito el año pasado.

REACTIVA PERÚ

Alva indicó que los requisitos para que las empresas accedan al programa es que exista garantía que el préstamo con recursos del Banco Central de Reserva, se paguen; que haya sido un buen contribuyente y un buen pagador antes del COVID 19; que la empresa registre el nivel de ventas en planilla.

Asimismo, que el monto del préstamo sea proporcional al tamaño de las obligaciones, a fin de que no se rompa la cadena de pagos. “Por eso es muy importante en no sobre endeudar a las mypes”, anotó.

Indicó que se encuentran excluidas las que están vinculadas a delitos de corrupción y conexos, entre otros detalles, como que la entidad en hacer el filtro y verificar si cumplen con los requisitos es COFIDE.

Dijo que Reactiva Perú se dio en un contexto de crisis y que las empresas tuvieron que tomar una decisión; cerrar o endeudarse. El resultado ha sido no desacelerar el crédito al sector privado y poder continuar sus actividades.

“Reactiva Perú evitó un colapso del crédito, ha generado un aspecto positivo en empresas de diferentes tamaños y ha dado recursos a empresas que dan empleo formal”, indicó al señalar que se ha propiciado dar empleo a 2.3 millones de personas a nivel nacional.

Explicó que, por tamaño de préstamo, el 53.7% de los fondos se destinaron a la gran empresa, el 41.2% a las mypes y el 5.1% a la mediana empresa.

Asimismo, que de las 372 mil empresas que han accedido a Reactiva Perú, siete mil 800 están en suspensión perfecta, y que el 87 % de este monto, es decir seis mil 96 son mypes.

HABLAN PARLAMENTARIOS

Ancalle Gutiérrez dijo que las empresas beneficiadas por Reactiva Perú no cumplieron con no romper la cadena de pagos, puesto que hasta despidieron a trabajadores, entre otros hechos.

“Quiero preguntarle si ha pensado en renunciar a la cartera de Economía por las situaciones que se han presentado con respecto a las empresas de su padre que ahora está en investigación”, dijo.

El congresista Wilmer Bajonero Olivas (AP) lamentó la inequidad en los préstamos y que se hayan dirigido mayormente a grupos de poder económico y que a las mypes, les haya llegado préstamos minúsculos de dos a tres mil soles.

Aron Espinoza (PP) dijo que hubo discriminación en la distribución de los fondos de apoyo en los municipios.Otto Guivobich (AP) se sumó a esta preocupación y consideró necesario una investigación sobre el particular.

Asimismo, inquirió sobre cómo evitar el quiebre de las empresas, se genere más desempleo, y porque no considerar el plazo del pago del préstamo de tres a cinco años.

Lima, 18 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO