La Comisión de Constitución y Reglamento inició este miércoles 12 la sustentación de tres proyectos de ley sobre el financiamiento de las organizaciones políticas y debatió el predictamen que elimina las exoneraciones tributarias a las instituciones educativas privadas, sobre el que hay coincidencia que debe ser más analizado con expertos tributarios y definir si es viable un cambio constitucional o solo una modificación de las leyes pertinentes.

Sobre el primer punto, el titular de la comisión, Omar Chehade Moya (APP), dijo que sería la última modificación importante necesaria para el correcto desenvolvimiento de las elecciones generales de abril del 2021, y para ello tienen plazo hasta el 23 de setiembre próximo; por ello, calificó de urgente escuchar las exposiciones e iniciar el debate, que debe extenderse hasta la siguiente semana.

Las sustentaciones se efectuaron en orden, según agenda. El primero fue el proyecto de ley 5284/2020-CR, que propone regular el financiamiento privado en las organizaciones políticas. Fue presentado por el grupo parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Hans Troyes Delgado.

El segundo fue el proyecto de ley 5371/2020-CR, que propone modificar el artículo 29 de la Ley 28094, que suspende el financiamiento público directo en los partidos políticos debido a la emergencia nacional. También presentado por la bancada de Acción Popular, a iniciativa del parlamentario Carlos Pérez Ochoa.

El tercero fue el proyecto de ley 5793/2020-CR, que propone modificar diversos artículos de la Ley 28094, Ley de Organización Políticas, relativos al financiamiento de estas organizaciones. Presentado por el grupo parlamentario Partido Morado, a iniciativa del congresista Gino Costa Santolalla.

Eliminación de exoneraciones tributarias

Como primer punto de agenda de la décima cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, se debatió el predictamen recaído en los proyectos de ley 2922/2017, 5537/2020 y 5618/2020-CR, de reforma constitucional del artículo 19 de la Constitución Política del Perú, sobre el régimen tributario de las instituciones educativas.

Al respecto, Omar Chehade concluyó que de acuerdo a los pedidos efectuados por los legisladores que hicieron uso de la palabra, se invitará para el próximo miércoles a funcionarios tanto del Ministerio de Educación como de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), así como a expertos tributarios.

La iniciativa propone que las “universidades públicas, institutos superiores y demás instituciones educativas públicas, constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes”.

Y en su último párrafo define que: “Las universidades privadas, institutos superiores y demás instituciones educativas privadas están sujetos al impuesto a la renta, así como a los impuestos directos e indirectos que señale la ley”.

La primera legisladora en intervenir fue Martha Chávez Cossío (FP), quien solicitó “mayor meditación” y pidió que se convoquen a especialistas en tributación. Expresó su desacuerdo con el texto sustitutorio y sostuvo que no cree en el argumento de que con esto se incrementará la caja fiscal.

Manifestó que no se debe “constitucionalizar las donaciones y las becas”. Y habría que revisar el Decreto Legislativo 882 y la Ley 29766 pues si era necesario, tan solo se podría derogar una ley para dinamizar la universidad y evitar una reforma constitucional.

La legisladora Mirtha Vásquez Chuquilín (FA) señaló que el tema educativo debe volver a mirarse desde los derechos y no como se le ha utilizado: “como una mercancía”, que la ha convertido en un negocio. Sin embargo, piensa que la educación pública merece mejoras y no debe descartarse a la educación privada como parte de la oferta, “pero no con estos modelos que han generado un aprovechamiento o lucro económico”.

“Hay que tener claro que en el país existen dos tipos de educación privada, que perciben utilidades, pero también están las asociativas, que no tienen fines de lucro, a ellas no se les permite reparto de utilidades sino tan solo la reinversión”.

Dijo que la actual Constitución sí obliga a pagar impuesto a la renta a las universidades empresas. Y en el artículo 119 de la Ley Universitaria se establece que este tipo de universidades tienen el beneficio del crédito tributario por reinversión. “En función de este artículo, me queda la duda si necesitamos modificación de la Constitución o de la Ley Universitaria”. Y solicitó también mayor análisis e invitar a la Sunedu para escuchar sus puntos de vista.

El autor de uno de los proyectos, Jim Mamani Barriga (UPP), expuso que el artículo constitucional que propone modificar “pudo haber tenido un objetivo noble”, pues este incentivo logró que se crearan y amplíen muchas universidades, pero ya es hora de eliminar estos beneficios, ya que la actual crisis económica que vivimos “convierte en razonable revisar dichas exoneraciones”.

También participaron los parlamentarios Rubén Ramos Zapana (UPP), Diethell Columbus Murata (FA), Carmen Omonte Durand (APP), Richard Rubio Gariza (Frepap), Isaías Pineda Santos (Frepap), Carolina Lizárraga Houghton (PM) y Gino Costa Santolalla (PM; quienes destacaron la necesidad de continuar con la evaluación del predictamen con funcionarios de Educación y Sunedu y expertos tributaristas.

Lima, 12 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO