Las sesiones de los órganos de las sociedades podrían ser no presenciales a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, ejercer el derecho a voz y voto y tener la misma validez que las presenciales, mediante la firma digital o el correo postal.

Así lo establece el dictamen aprobado por mayoría- 13 votos a favor y una abstención- en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con lo cual reformuló el artículo 21 de la Ley General de Sociedades a fin de responder a las necesidades del momento a consecuencia de las dificultades generadas por el COVID-19.

De acuerdo a la propuesta, las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes están obligados, conforme a la ley o su estatuto, insertadas obligatoriamente en el Libro de Actas correspondiente.

La presidenta de la comisión, Leslye Lazo Villón (AP), hizo la sustentación del predictamen que recoge las iniciativas de los congresistas José Antonio Núñez Salas (PM), Guillermo Aliaga Pajares (SP) y Diethell Columbus Murata (FP).

Lazo Villón dijo que desde que fue declarado el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio en el país, surgieron innumerables dudas en las diferentes áreas e impacto en el derecho y en el derecho societario que ha tenido la pandemia en el Perú.

Indicó que, en ese contexto, las juntas de accionistas y sesiones de directorio se convierten en herramientas indispensables para implementar acciones necesarias para que la sociedad continúe realizando sus actividades económicas, comerciales y financieras en la realidad actual.

“La Ley General de Sociedades tiene una antigüedad de 21 años y su tratamiento requiere de una actualización integral. La coyuntura nos obliga a tomar acciones concretas para salvar los vacíos legales que podrían generar inconvenientes en la toma de decisiones en las sociedades”, afirmó.

Durante el debate, la congresista María Cabrera Vega (PP), calificó de importante la iniciativa, pero, entre otros aspectos, dijo que su aplicación debía ser considerada solo para condiciones excepcionales, porque pese al avance tecnológico no tiene las garantías que las sesiones presenciales y hay falta de eficiencia de conectividad.

La congresista Martha Chávez Cossío (FP) fue enfática en defender la equivalencia de ambas sesiones, las presenciales y las no presenciales.

Asimismo, que se respete el estatuto de cada organización societaria en su decisión de no realizar sesiones no presenciales. Ambos conceptos fueron tomados en cuenta para la elaboración del texto sustitutorio.

MAYOR DEBATE

De otro lado, en consideración al pedido de una mayor reflexión sobre el contenido del predictamen, la presidenta de la comisión programó para la próxima semana la invitación de expertos para que opinen sobre la propuesta que incorpora 12 iniciativas legislativas, que plantean que los delitos cometidos durante los estados de excepción en el país, sean agravantes para efectos de incremento de las sanciones.

El congresista Alberto De Belaunde (PM) consideró legítimo, pero pidió mayor reflexión, porque la declaración de estado de emergencia no siempre responde a situaciones similares y se puede incurrir en desproporcionalidad. Además, pidió no centrar la discusión solo en el castigo, sino en la prevención.

Chávez Cossío, pidió igualmente mayor reflexión en el tema, y preguntó hasta qué punto el agravamiento de las penas sirve para reducir el problema como es el caso del feminicidio.

Rocío Silva Santisteban (FA), coincidió en este punto y planteó la necesidad de repensar el predictamen.

Antes, el grupo parlamentario escuchó las sustentaciones de los congresistas María Gallardo Becerra (PP), Gilmer Trujillo Zegarra (FP), Javier Mendoza Marquina (UPP), Lenin Bazán Villanueva (FA) y Valeria Valer Collado (FP).

Las propuestas coincidieron también en considerar como agravante los delitos, entre ellos el de corrupción, cometidos durante un estado de emergencia nacional, y proponen la aplicación de medidas más drásticas como castigo, entre ellos la muerte civil, la cadena perpetua y la declaratoria de traición a la patria.

Lima, 15 de julio d 2020

PRENSA – CONGRESO