El congresista Justiniano Apaza Ordoñez informó que el próximo martes 25 estaría listo el informe de evaluación del Decreto de Urgencia 016-2020 que fija nuevas reglas para el ingreso de personal a las entidades públicas, el cual incluirá una serie de conclusiones y recomendaciones al respecto.

Fue durante la sesión del grupo de trabajo que revisa ese dispositivo legal, que establece medidas en materia de los recursos humanos, a efectos de regular el ingreso de las servidoras y los servidores a las entidades del sector público y garantizar una correcta gestión y administración de la Planilla Única de Pago del Sector Público, entre otras medidas relacionadas al quehacer del servidor estatal.

Durante su intervención el congresista Justiniano Apaza, refirió que ese Decreto de Urgencia afectaría principios del derecho laboral y derechos fundamentales y refirió que correspondería a los órganos jurisdiccionales efectuar un análisis bajo los parámetros constitucionales y convencionales y, en su momento, ser materia de debate en el nuevo Congreso.

“Si bien es cierto que estamos plenamente de acuerdo con el objetivo de establecer un régimen de ingreso a la función pública, basado en la meritocracia, que garantice el derecho constitucional de igualdad ante la ley y, además, un servicio público eficiente que responda a las expectativas de la población», sostuvo Apaza Ordóñez.

Consideró que el citado Decreto de Urgencia contiene normas que afectan los principios esenciales del Derecho del Trabajo, que durante muchos años han sido gestados en la doctrina laboral y plasmados en la jurisprudencia, tanto de la justicia constitucional como de la justicia ordinaria.

A su turno, su colega Ángel Neyra Olaychea coincidió con su antecesor y señaló, entre otros aspectos, que dicha norma colisionaría con el principio-derecho de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 2.2 de la Constitución Política del Estado.

“Resulta evidente la desprotección de los derechos laborales de los trabajadores del sector público que se encuentran sujetos a contratos civiles y/o modales regulados estos últimos por el Decreto Legislativo 728, en contraposición de los trabajadores del sector privado a quienes no recae la aplicación de los requisitos establecidos en el Decreto de Urgencia para obtener la reposición en su centro de trabajo. Se advierte, de este modo, una diferenciación no razonable, proscrita por los Convenios internacionales, que protegen al trabajador de los tratos discriminatorios y promueve el trato igualitario de oportunidades en el empleo”, manifestó el congresista Ángel Neyra.

También consideró se tome en cuenta para las recomendaciones y conclusiones del informe del decreto en mención la necesidad de revisar los cientos de contratos bajo la modalidad de consultoría que se habrían dado en diversas instituciones del Estado.

“Es un escándalo los millones de soles que gastan diversas instituciones del Estado en consultorías. Son más de mil millones de soles que se han gastado siendo los ministerios de la Producción, Educación y Justicia, los que más han contratado en este caso”, expresó Neyra al tiempo de advertir la negativa para facilitar información a este grupo de trabajo.

También se refirió a los temas de recursos humanos y sus competencias como servicio público, la diversidad de regímenes laborales, sobre la primacía de la realidad y continuidad laboral, sobre la independencia de las decisiones judiciales, entre otros lineamientos afines.

Finalmente, ambos congresistas coincidieron en señalar que el Decreto de Urgencia 016-2020 afectaría principios del derecho laboral y derechos fundamentales de los trabajadores del país, entre otros considerandos.

PRENSA-CONGRESO