Tras la presentación del fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, que preside Katherine Ampuero (Renovación Popular), los integrantes de este grupo de trabajo expresaron diversas posturas, cuestionamientos y demandas sobre la capacidad operativa del Ministerio Público, la conducción de las investigaciones penales y el uso de los recursos presupuestales.

La senadora Martha Chávez (Fuerza Popular) cuestionó la interpretación sobre la presunción de constitucionalidad de la Ley 32130 y expresó su preocupación por la baja tasa de sentencias condenatorias (entre 0,5 % y 1,1 %) frente a un acumulado de tres millones de carpetas fiscales. Por ello, solicitó por escrito un informe comparativo entre carpetas abiertas, denuncias formalizadas y condenas obtenidas, advirtiendo sobre procesos que se prolongan durante años sin sustento probatorio.

Asimismo, pidió precisar el porcentaje de fiscales provisionales y detallar los costos, contenidos e instituciones a cargo de su capacitación en técnicas de investigación.

Su colega Alejandro Aguinaga criticó la falta de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, señalando que ambas instituciones trabajan en «compartimentos estancos». Sostuvo que la Constitución no ampara conducciones sucesivas entre la investigación preliminar y la preparatoria, y cuestionó tanto la falta de resultados efectivos en denuncias concretas como las brechas en la formación investigativa de los fiscales tras la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

A su turno, el senador Andrés Ramos (Juntos por el Perú) destacó el diagnóstico expuesto por el titular del Ministerio Público y advirtió sobre el impacto de la influencia política y las carencias logísticas en la labor fiscal. En esa línea, exigió resultados concretos y verificables en las investigaciones por muertes, lesiones y denuncias de tortura registradas durante las protestas de 2022 y 2023 en Ayacucho, Puno e Ica. Citando reportes de la Defensoría del Pueblo a agosto de 2026, alertó sobre demoras periciales, rotación de personal y dificultades de acceso a la información en 51 carpetas fiscales vigentes.

En tanto, el senador Jorge Gavidia Rodríguez respaldó la propuesta de reorientar la lucha contra el lavado de activos y la criminalidad hacia una labor más preventiva. No obstante, consultó si ya existe una estimación presupuestal para implementar y fortalecer una unidad de investigación patrimonial dotada de tecnología, peritos e interoperabilidad con bases de datos de la Reniec, Sunat, Sunarp y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Coincidió además en advertir deficiencias en la capacitación investigativa de los fiscales.

Por su parte, Mirtha Vásquez (Ahora Nación) resaltó la coincidencia institucional en torno a la derogación de la Ley 32130 —cuyo dictamen ya fue aprobado en la comisión y pasará al Pleno del Senado— con el fin de restituir plenamente al Ministerio Público la conducción de la investigación del delito.

Asimismo, recordó que, en una reciente sesión descentralizada en Trujillo, los fiscales de investigación criminal advirtieron que dicha norma afectó la celeridad y eficacia frente a la criminalidad, apuntando también a las limitaciones operativas y problemas de corrupción interna en la Policía Nacional.

Finalmente, la senadora Katherine Ampuero, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pidió precisar el monto presupuestal solicitado por el Ministerio Público para operar en 2027 frente a la asignación proyectada, y consultó cuál será el plan de contingencia ante una eventual negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También alertó sobre denuncias periodísticas de inconductas funcionales y politización de algunos fiscales en horario laboral, señalando con preocupación que el presupuesto previsto para la Autoridad Nacional de Control cubriría apenas el 15 % de lo que requiere para fiscalizar adecuadamente.

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