La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Gustavo Segura Figueroa (Renovación Popular), aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda no aprobar y enviar al archivo la Proposición Legislativa N.° 362-2026-2031-CD (antes PL 07182/2023-CR), que buscaba modificar el Decreto Legislativo N.° 1126, que regula el control de insumos químicos, productos fiscalizados y maquinarias vinculadas a la elaboración de drogas ilícitas.

La iniciativa proponía flexibilizar la baja definitiva de inscripción en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, permitiendo la reinscripción de usuarios reincidentes sin establecer controles adicionales que garanticen la seguridad y trazabilidad de dichos insumos.

Al sustentar el dictamen, el presidente de la comisión explicó que la propuesta carece de sustento técnico suficiente y podría debilitar la coherencia del sistema de fiscalización vigente, contraviniendo las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a través de los sectores Interior, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Justicia y Economía y Finanzas. Señaló que, si bien la iniciativa fue presentada en marzo de 2024 para atender dificultades administrativas de ciertas instituciones educativas y de salud, su actualización en 2026 no acredita que dichas situaciones persistan ni cuantifica el número de entidades afectadas.

«Legislar responsablemente exige aprobar normas necesarias, oportunas y jurídicamente viables. En este caso, la propuesta no acredita que el problema identificado en 2024 subsista actualmente y plantea excepciones que podrían debilitar los controles contra el tráfico ilícito de drogas», afirmó Segura Figueroa al sustentar la recomendación de archivo, adoptada conforme al artículo 139, literal d), del Reglamento de la Cámara de Diputados.

PEDIDOS

Previo al desarrollo del primer punto de agenda, en la sección de pedidos los diputados plantearon diversos requerimientos. Entre ellos, el diputado José Baella Malca (Renovación Popular) solicitó invitar al ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, para que informe sobre el fallecimiento de tres internos en el penal El Milagro; sobre el estado de la empresa encargada del servicio de telefonía en algunos penales del país, y sobre los resultados del grupo de trabajo sobre criminalidad.

En otro momento, la comisión escuchó las opiniones técnicas sobre el texto sustitutorio de la Proposición Legislativa N.° 00067-2026-2031-CD, Ley que promueve la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la infraestructura del país.

Participaron representantes de la Contraloría General de la República, Indeci e Indecopi. Por su parte, los ministerios de Defensa y de Justicia comunicaron que, por razones de servicio, no asistieron a la sesión y que remitirán sus opiniones técnicas adicionales sobre el texto sustitutorio.

El secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI, Abelardo Aramayo, señaló que, dado que los hechos vinculados a la propuesta legislativa podrían derivar en una futura denuncia ante dicha comisión, esa entidad se encuentra impedida de pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto, pues ello implicaría un adelanto de opinión frente a una eventual controversia.

Por su parte, el representante de la Contraloría General de la República, Fidel Hernández, presentó observaciones a dos artículos del proyecto. Respecto al artículo 7, referido a la remisión semestral de informes del Ministerio de Defensa a la Contraloría, sugirió suprimirlo debido a que duplicaría funciones del sistema Infoobras, plataforma donde las entidades ya están obligadas a registrar el avance físico y financiero de las obras. En cuanto al artículo 8, sobre el control concurrente en la ejecución de obras, recomendó que esta disposición no sea limitativa, debiendo reconocerse la facultad de ejercer los distintos tipos de control gubernamental —previo, simultáneo (incluido el concurrente) y posterior, como las auditorías— sin restringir la actuación únicamente al control concurrente.

Finalmente, la comisión escuchó la sustentación de las Proposiciones Legislativas N.° 00169-2026-2031-CD, que propone la Ley que profesionaliza la gestión del riesgo de desastres y fortalece la protección de la población, y N.° 00208-2026-2031-CD que plantea la Ley que fortalece la idoneidad de los servidores civiles responsables de la gestión del riesgo de desastres en los gobiernos regionales y locales». Ambas iniciativas buscan promover la idoneidad de los funcionarios públicos y directivos de libre designación y remoción encargados de las unidades de gestión del riesgo de desastres en los gobiernos regionales y locales.

En su exposición, el director de la Dirección Técnica de Preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), José Luis Bustamante Albujar, dio pase al funcionario Percy Albines, quien señaló que el Decreto Supremo N.° 060-2024, en su Capítulo I, establece la certificación de competencias profesionales en gestión del riesgo de desastres. Explicó que dicha certificación constituye el reconocimiento al servidor que labora en esta materia y que cumple funciones acreditando experiencia y habilidad. Indicó, además, que la norma dispone que las entidades públicas deben verificar que los funcionarios y servidores que desempeñan funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres cuenten con dicha certificación.

OBSERVACIONES DE DIPUTADOS

Tras la exposición, diversos diputados plantearon interrogantes y observaciones. Emilia Palomino Pacheco (Juntos por el Perú) preguntó quién realiza las certificaciones desde las municipalidades y los gobiernos regionales, y cómo se efectúa dicha calificación.

Edwin Espinoza Huilca (Partido del Buen Gobierno) manifestó su preocupación por el número de personas que buscan obtener la certificación, señalando que de 100 certificados otorgados no existe relación con el número de municipalidades a nivel nacional. Indicó que el año pasado no se tuvo ni una sola persona calificada y cuestionó cuál es la relación entre la demanda y la capacidad real para cubrir dichas plazas. Asimismo, preguntó si esta propuesta de ley facilita la incorporación de los profesionales o, por el contrario, dificulta su certificación y posterior desempeño en los tres niveles de gobierno.

Ana Patiño Urco (Fuerza Popular) cuestionó los requisitos exigidos a los funcionarios, señalando que, en el Perú profundo, particularmente en los distritos más alejados, es difícil contar con profesionales que cumplan dichas exigencias. Preguntó qué acciones se están realizando para capacitar a nivel nacional a las autoridades electas en esta materia.

Brayam Valqui Ordoñez (Fuerza Popular) señaló que en Pasco el resultado de intervención es nulo. Más allá de evaluar quién puede obtener el certificado, solicitó mayor dinamismo para las regiones del centro y sur del país, expresando su preocupación por la nula intervención registrada en Pasco.

Roxana Alayza Maccera (Partido del Buen Gobierno) observó que los datos del diagnóstico corresponden al año 2017, por lo que actualmente no se sabe con certeza cuántas municipalidades quedarían exceptuadas. Señaló, además, que falta la consulta correspondiente a Servir.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL