En una sesión presidida por el senador Percy Osorio Palpán (Juntos por el Perú), la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Senado recibió al presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Alejandro Lescano Salazar, quien detalló el estado situacional del sistema carcelario, sus prioridades de gestión y los avances en la implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización. Sin embargo, la exposición dio pie a cuestionamientos de fondo por parte de los parlamentarios.

La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) solicitó precisiones estadísticas para contrastar el nivel de incidencia delictiva entre la población penitenciaria extranjera (especialmente la de origen venezolano) y la nacional. Asimismo, expresó su preocupación respecto a las verdaderas funciones de las Fuerzas Armadas en los exteriores de los penales, advirtiendo el riesgo de desnaturalizar sus competencias operativas.

“Por el momento, el ministro de Defensa nos dijo que revisan a las personas que ingresan para controlar objetos ilícitos. Me preocupa su utilización, nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para otras cosas y las convierten en guachimanes”, criticó.

El senador Jorge Velásquez (Fuerza Popular) dirigió sus críticas hacia la gestión administrativa del Ministerio de Justicia y del INPE en Lima. Aunque reconoció el buen desempeño de los agentes de Pucallpa que reportaron cero celulares en las requisas, empero, denunció que el establecimiento penitenciario de Ucayali lleva once años sin concluirse.

«Hay un negocio grande en la venta de camas porque la mayor cantidad de la población duerme en el suelo o en hamacas», afirmó, exigiendo una fiscalización conjunta entre el Ejecutivo y el Congreso.

Por su parte, la senadora Nora Bonifaz (Partido del Buen Gobierno) se enfocó en el alarmante nivel de penetración del crimen organizado y la extorsión desde los centros de reclusión, e instó al jefe del INPE a precisar un plan de contingencia de personal y a detallar que medidas se aplicarán bajo el marco de las facultades legislativas delegadas.

Finalmente, la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular) centró el debate en el presupuesto y la fiscalización interna. Alertó que para 2027 se proyectan 280 millones de soles en alimentación, una cifra que contrasta con la realidad informal de los recintos. «Lurigancho funciona como un mercadillo. Hay un montón de restaurantes adentro. Se deben tomar medidas drásticas para evitar la proliferación de estos negocios y fiscalizar cómo ingresan los insumos», sentenció.

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