La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside Catherin Palomino Casavilca (Juntos por el Perú), aprobó por mayoría dos dictámenes relacionados con los plazos de prescripción de los delitos y la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas.

Con 12 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, el grupo de trabajo aprobó el dictamen que reúne siete propuestas legislativas y plantea modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, así como derogar la Ley 32104 para establecer nuevos límites a la suspensión de los plazos de prescripción penal.

La iniciativa busca evitar que las investigaciones y los procesos judiciales concluyan por el vencimiento de los plazos legales sin que se haya determinado la responsabilidad de los investigados. Para ello, propone modificar las reglas que actualmente establecen cuánto tiempo puede suspenderse el plazo de prescripción de un delito.

Durante el debate, algunos diputados respaldaron la necesidad de modificar la legislación vigente al considerar que los actuales límites pueden favorecer la impunidad, especialmente en casos de criminalidad organizada. Señalaron que el vencimiento de los plazos puede impedir que las investigaciones lleguen a una sentencia, pese al trabajo realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Por otro lado, varios legisladores expresaron su preocupación por la posibilidad de ampliar excesivamente los plazos de los procesos judiciales. En ese sentido, plantearon establecer límites razonables, diferenciar los delitos según su gravedad y garantizar el derecho de defensa. Asimismo, solicitaron profundizar el análisis de la propuesta y recoger las opiniones de especialistas y representantes del sistema de justicia antes de someterla a votación.

Al respecto, la presidenta de la comisión, Catherin Palomino, recordó que el tema ya había sido abordado en una mesa de trabajo realizada el 7 de octubre, en la que participaron representantes de las instituciones involucradas.

Además, informó que, mediante un oficio de la Oficialía Mayor, se comunicó que la Presidencia de la Cámara de Diputados había dispuesto la tramitación urgente de las propuestas, por lo que la comisión contaba con un plazo máximo de 15 días hábiles para emitir los respectivos dictámenes.

Posteriormente, con 11 votos a favor, 8 en contra y una abstención, la comisión aprobó un segundo dictamen que reúne cuatro propuestas legislativas y plantea modificar el Decreto Legislativo 1373, referido a la extinción de dominio, mecanismo que permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito.

La propuesta busca restablecer la independencia de este procedimiento respecto de los procesos penales, de manera que el Estado pueda solicitar la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas sin necesidad de esperar una sentencia penal definitiva.

Durante la sustentación, la presidenta de la comisión explicó que la Ley 32326 introdujo restricciones al procedimiento, al exigir, como regla general, una sentencia penal firme o un laudo y establecer un plazo de prescripción de cinco años.

“Estas restricciones debilitaron la capacidad del Estado de recuperar bienes de origen ilícito vinculados con la corrupción o lavado de activos”, sostuvo Palomino.

En ese sentido, explicó que el dictamen propone eliminar dichas restricciones y mantener en el Ministerio Público la responsabilidad de demostrar el origen ilícito de los bienes. Asimismo, contempla medidas para proteger a las personas que hayan adquirido propiedades de manera legal y sin conocimiento de su procedencia ilícita, permitiéndoles solicitar su exclusión del procedimiento.

La iniciativa también establece reglas para evitar que un mismo bien sea objeto de procedimientos innecesariamente duplicados, incorpora mecanismos de revisión de las decisiones judiciales y plantea criterios para evitar procesos sobre bienes de escaso valor.

Finalmente, propone reforzar las garantías durante la incautación o aseguramiento de bienes y proteger la continuidad de las actividades empresariales que se desarrollen de manera lícita.

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