El Congreso de la República logró un ahorro aproximado de S/ 303 millones mediante medidas de austeridad, racionalización del gasto y eliminación de alquileres, informó el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, durante una conferencia en la que destacó la importancia de administrar responsablemente los recursos públicos para contribuir a resolver los principales problemas del país.

Del monto total ahorrado, S/ 33,6 millones ya fueron transferidos para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno El Niño, mientras que otros S/ 270 millones serán devueltos al Poder Ejecutivo para financiar las prioridades más urgentes de la nación.

Torres Morales precisó que estos resultados responden al trabajo conjunto de las Mesas Directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, que decidieron comenzar por ordenar la administración interna del Parlamento, reducir gastos innecesarios y optimizar el uso de los recursos públicos.

“El dinero público no es del Congreso, ni del Gobierno, ni de ninguna autoridad. Es de los peruanos. A nosotros solo nos toca cuidarlo”, enfatizó.

El titular del Legislativo sostuvo que el ahorro alcanzado puede traducirse en acciones concretas para atender las necesidades de la población. Como ejemplo, señaló que S/ 270 millones equivalen al costo de más de 1.350 patrulleros, unidades que podrían contribuir a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta ante la delincuencia.

Asimismo, resaltó que estos recursos pueden ayudar a financiar obras de protección frente a las lluvias y las inundaciones, con el propósito de proteger a las familias que viven en zonas vulnerables y reducir los daños ocasionados por los fenómenos naturales.

“La confianza no se pide, se gana”, expresó, al señalar que el Parlamento debe demostrar con hechos su compromiso con los ciudadanos y mantener el esfuerzo por administrar los recursos públicos con transparencia, austeridad y eficiencia.

Finalmente, indicó que el ahorro alcanzado durante los primeros 90 días de gestión constituye un primer paso en el compromiso de fortalecer la responsabilidad fiscal y recuperar la confianza ciudadana.

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