La Comisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el diputado Jefferson Varas Seguin (Juntos por el Perú) aprobó, con 21 votos a favor, admitir a trámite la Denuncia Constitucional nro. 65 presentada por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado y peculado doloso por utilización, en agravio del Estado.

La denuncia comprende presuntas gestiones ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia para favorecer a un interno del penal El Milagro de Trujillo, así como el supuesto uso indebido de instalaciones ministeriales para asuntos particulares.

Durante el debate, el diputado Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) respaldó la admisión de la denuncia y señaló que existen audios sometidos a pericia fonética relacionados con los hechos investigados.

La comisión determinó que la denuncia cumple los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

OTROS TEMAS

En la misma sesión, con 20 votos a favor, la comisión aprobó declarar improcedente la Denuncia Constitucional nro. 1 contra tres magistrados del Tribunal Constitucional por presunta vulneración del debido proceso y del derecho de defensa.

Asimismo, con 20 votos a favor, aprobó declarar improcedentes dos denuncias constitucionales (74 y 76) contra el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Gastón Remuy, relacionadas con el otorgamiento de pensiones de jubilación y viudez, al no estar comprendidos en los alcances del artículo 99 de la Constitución.

Finalmente, aprobó tres informes de caducidad de la prerrogativa funcional de igual número de denuncias constitucionales. Ellos son contra el exjuez supremo Víctor Lucas Ticona Postigo, con 16 votos a favor y 5 abstenciones; y dos vinculados al excongresista César Combinas Salvatierra, ambos con 18 votos a favor y 3 en contra, por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y enriquecimiento ilícito, respectivamente.

Los informes de caducidad serán elevados al Pleno de la Cámara de Diputados para que determine el archivo de las denuncias, mientras que los actuados serán remitidos al Ministerio Público conforme a sus atribuciones.

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