La Comisión de Desarrollo Agrario, que preside el diputado Édgar Alvarón de la Cruz (Partido Cívico Obras), aprobó por mayoría (11 votos a favor y 8 votos en contra), el informe que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias directamente vinculadas al sector de los pequeños agricultores y la agricultura familiar en el territorio nacional.

La decisión se adoptó sobre la base de un informe presentado por el diputado Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), quien solicitó una ampliación de agenda, aprobada por mayoría con 18 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

El informe contiene tres conclusiones y recomendaciones para orientar el debate parlamentario.

La primera plantea priorizar la atención de la emergencia climática, incluyendo la implementación de un pool de maquinaria para trabajos de descolmatación, el saneamiento de obras hidráulicas y una adecuada planificación de los recursos hídricos. Asimismo, propone que la Comisión exija al Poder Ejecutivo celeridad en la atención de estas medidas, con plazos perentorios no mayores de 30 días para la emisión de decretos legislativos eficaces.

La segunda recomienda establecer salvaguardas ambientales y de gestión de riesgos, así como disposiciones orientadas a garantizar la interoperabilidad en tiempo real del padrón de productores agrarios.

La tercera considera viables mecanismos de inclusión financiera para reactivar el flujo de créditos destinados a atender emergencias en el sector agrario.

En ese sentido, el informe concluye que la delegación de facultades en materias vinculadas directamente con la emergencia ocasionada por el fenómeno El Niño resulta viable, siempre que la delegación expresa se circunscriba a medidas relacionadas con los pequeños agricultores y la agricultura familiar.

EXPOSICIÓN

Previamente, la Comisión recibió al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, quien expuso los principales ejes de trabajo de su gestión.

El primero está relacionado con el agua, mediante la construcción y puesta en funcionamiento de reservorios, represas y otras obras de infraestructura hídrica. El segundo comprende la asistencia técnica y el acceso a mercados, con el compromiso de ampliar también el acceso al crédito. El tercero corresponde al financiamiento, ante la situación de que, según informó, solo uno de cada diez agricultores accede a crédito formal. El cuarto eje está referido a la tecnología y la mecanización del sector.

Respecto de la solicitud de facultades legislativas, el ministro señaló que existen diversas normas que requieren modificaciones, entre ellas las relacionadas con la optimización del marco normativo de la sanidad agraria. Precisó que se busca modificar diversos artículos y disposiciones complementarias finales del Decreto Legislativo 1059.

Explicó que el pedido de facultades tiene como finalidad atender con mayor rapidez las demandas de los agricultores y permitir que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego pueda responder de manera más directa a sus necesidades en las zonas donde desarrollan sus actividades.

Durante su exposición, también destacó la creación del PRONA, mecanismo que permitiría adquirir directamente a los agricultores productos como papa, yuca y arroz. Señaló que esta y otras iniciativas que se busca implementar no pueden concretarse mediante decretos de urgencia.

GRUPOS DE TRABAJO

Por otro lado, la Comisión de Desarrollo Agrario de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 19 votos, la conformación de cuatro grupos de trabajo para abordar temas prioritarios del sector.

Los grupos estarán orientados a:

* Monitorear y hacer seguimiento al Proyecto Especial Chinecas.
* Realizar el seguimiento y evaluación de los procesos productivos a nivel nacional, en el marco de la Ley 32434, que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, con protección social hacia la agricultura moderna.
* Abordar los temas relacionados con agua, riego e infraestructura.
* Analizar la problemática de los créditos agrarios de Agrobanco, Agro Rural y otras fuentes de financiamiento.

Cada grupo de trabajo tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentar sus resultados, el cual podrá ser ampliado de considerarse necesario.

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