Proyecto de ley propone crear una Red Nacional Integrada que conecte a la Policía, gobiernos regionales y municipalidades, establezca protocolos de respuesta inmediata y garantice la preservación de imágenes útiles para las investigaciones.

Más de 1,500 cámaras de videovigilancia estaban inoperativas en 248 gobiernos locales supervisados por la Contraloría durante 2025. Frente a esta problemática, la diputada Mady Verónica Yonz Núñez presentó un proyecto de ley que propone crear la Red Nacional Integrada de Videovigilancia y Respuesta Inmediata, con el objetivo de articular los sistemas públicos existentes y mejorar la prevención, atención e investigación de delitos.

La iniciativa plantea integrar progresivamente las cámaras y centros de monitoreo de la Policía Nacional, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales y otras entidades públicas. El Ministerio del Interior asumiría la rectoría de la red y la PNP tendría la conducción operativa, priorizando el uso de la infraestructura ya existente y sin concentrar obligatoriamente todas las imágenes en una sola base de datos.

El proyecto se sustenta en cifras de inseguridad ciudadana. Según el INEI citado en la propuesta, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, el 24,8 % de la población urbana de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo, mientras que el 83,2 % consideraba que podía ser víctima de un delito en los siguientes doce meses. Además, solo el 18,2 % de las víctimas presentó una denuncia ante la autoridad.

Uno de los principales cambios es que los centros de videovigilancia deberán articularse con las centrales de emergencia y unidades policiales mediante protocolos conjuntos, a fin de validar alertas, comunicar incidentes, coordinar la intervención de policías, serenazgo, bomberos o servicios de salud y registrar los tiempos de atención. Asimismo, las grabaciones vinculadas con posibles delitos deberán preservarse para su entrega a la Policía, Fiscalía o Poder Judicial.

La propuesta también establece límites para proteger los derechos fundamentales: prohíbe el acceso no autorizado, la difusión o comercialización de imágenes, el seguimiento personal injustificado y cualquier uso ilegítimo de las grabaciones. Su implementación será progresiva y se financiará con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

DESPACHO DIPUTADA, VERÓNICA YONZ