La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República aprobó, por unanimidad, el balance de gestión correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026, documento que recoge los principales resultados alcanzados en materia legislativa, de representación y control político.

Durante la presentación del informe, la presidenta de la comisión, la congresista Silvana Robles Araujo (Bancada Socialista), destacó que el grupo de trabajo recibió 350 proyectos de ley, de los cuales dictaminó 52 y aprobó 39 dictámenes, la mayoría por unanimidad. Asimismo, precisó que se aprobó un dictamen de insistencia, uno de inhibición y cuatro dictámenes de no aprobación, con el objetivo de evitar el avance de iniciativas que, según señaló, podían afectar los derechos colectivos y los mecanismos de protección ambiental.

En cuanto a producción legislativa, informó que el Pleno del Congreso aprobó 8 proyectos de ley sustentados en 6 dictámenes emitidos por el grupo de trabajo, lo que permitió la promulgación de 3 leyes y una resolución legislativa.

Asimismo, indicó que la comisión realizó 25 sesiones, entre ordinarias, extraordinarias, conjuntas y descentralizadas, además de 4 audiencias públicas descentralizadas, 6 mesas de trabajo, 2 eventos y 72 reuniones de trabajo con autoridades, especialistas, representantes de organizaciones sociales y pueblos indígenas.

Robles Araujo señaló que estas actividades permitieron recoger las demandas de comunidades indígenas y campesinas de diversas regiones del país y atender temas relacionados con la contaminación ambiental, la seguridad jurídica de las comunidades, las emergencias sanitarias, la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, la educación intercultural bilingüe, la conservación de los bosques y la defensa de la propiedad comunal.

Finalmente, informó que, como parte de su función de control político, la comisión recibió a 7 ministros y viceministros, 46 funcionarios públicos y 20 representantes de organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de solicitar información, supervisar la gestión pública y dar seguimiento a las principales problemáticas vinculadas con los pueblos indígenas y la protección del ambiente.

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