Con el propósito de recuperar el control de los penales, fortalecer la seguridad penitenciaria y cerrar las brechas que actualmente permiten que organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 11022/2024-PE, 10367/2024-CR, 10322/2024-CR y otros, que propone modificar el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688 para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

La iniciativa obtuvo 100 votos a favor, cero en contra y una abstención en primera votación. Posteriormente, fue exonerada de segunda votación por unanimidad con 92 votos a favor.

Las propuestas legislativas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, los congresistas Alejandro Muñante Barrios y Diego Bazán Calderón (bancada Renovación Popular), la congresista Kira Alcarrás Agüero (NoA), y la legisladora María del Carmen Alva Prieto (bancada AP).

LA PROPUESTA

La norma incorpora nuevas sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o fotografía a centros penitenciarios. Las penas podrán alcanzar hasta 15 años de prisión cuando el delito sea cometido por autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos.

Asimismo, se sanciona la posesión indebida de celulares, armas, municiones, explosivos y otros materiales peligrosos dentro de los penales. También se establecen penas agravadas cuando estos equipos sean utilizados para coordinar delitos de extorsión, sicariato o amenazas que afecten la seguridad ciudadana y el orden público.

Otro de los puntos centrales del texto sustitutorio es el fortalecimiento del control estatal sobre las telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, el INPE, en coordinación con la Policía Nacional, implementará medidas para prevenir y detectar el ingreso y uso de equipos de comunicación no autorizados.

Además, en casos excepcionales y ante indicios de delitos graves, el INPE podrá solicitar al Ministerio Público autorización para ejecutar operativos de detección y neutralización de señales ilegales dentro de los penales.

SUSTENTACIÓN

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, congresista Flavio Cruz Mamani (bancada PL), sostuvo que las cárceles no pueden continuar siendo centros de operaciones del crimen organizado.

“Muchos delitos de extorsión, sicariato, amenazas y crimen organizado continúan siendo dirigidos desde el interior de los establecimientos penitenciarios mediante el uso ilegal de celulares y otros equipos de telecomunicación”, afirmó.

Indicó, además, que el dictamen busca cerrar las brechas de impunidad y dotar al Estado de herramientas legales más eficaces para enfrentar las comunicaciones ilícitas desde los penales, fortaleciendo las labores de inteligencia, investigación y seguridad penitenciaria.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Mori Celis (bancada AP), explicó que la modificación del Decreto Legislativo 1688 permitirá reforzar las obligaciones de las empresas operadoras de telecomunicaciones para controlar y bloquear comunicaciones ilegales provenientes de establecimientos penitenciarios.

“La propuesta optimiza los mecanismos regulatorios y sancionadores del sector telecomunicaciones, fortaleciendo la responsabilidad de los operadores y mejorando la capacidad del Estado para neutralizar el uso ilícito de redes de telecomunicaciones dentro de los centros de reclusión”, sostuvo.

DEBATE

La congresista Maricarmen Alva Prieto, autora del Proyecto de Ley 6680/2023-CR, advirtió que la situación es crítica debido al incremento de extorsiones en el país.

“Solo hasta agosto del 2025 se registraron más de 18 mil denuncias por extorsión, con un incremento cercano al 30 % respecto al año anterior”, señaló.

Asimismo, precisó que entre julio y diciembre del 2025, el INPE incautó más de 950 celulares y 1 400 accesorios en operativos penitenciarios, evidenciando que las cárceles continúan siendo centros de coordinación criminal.

El congresista Alejandro Muñante Barrios, como autor del Proyecto de Ley 10367/2024-CR, destacó que el dictamen convierte en delito el uso de medios de comunicación no autorizados dentro de penales, situación que anteriormente solo era considerada una falta administrativa.

“El solo hecho de utilizar medios de comunicación fuera de los teléfonos públicos o locutorios instalados en los centros penitenciarios ya es un delito”, remarcó.

En tanto, el congresista Diego Bazán Calderón, autor del Proyecto de Ley 10322/2024-CR, señaló que la propuesta aborda el problema desde distintas dimensiones, especialmente el control de telecomunicaciones y la responsabilidad de las empresas operadoras.

“Tenemos que darles, de una vez por todas, la estocada final a las organizaciones criminales que operan impunemente desde los penales”, expresó.

A su turno, el congresista Edwin Martínez Talavera (bancada AP) sostuvo que no se puede permitir que los reos continúen dirigiendo redes criminales desde prisión ni que la corrupción siga infiltrando el sistema penitenciario.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL