La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Flavio Cruz (Perú Libre), aprobó diversos dictámenes orientados a reforzar la ejecución de obligaciones alimentarias, mejorar procedimientos administrativos, garantizar derechos de personas con discapacidad, promover la transparencia pública y proteger a niños y adolescentes.

Al inicio de la sesión, el grupo parlamentario aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 9337/2024-CR, que plantea modificar el Código Procesal Civil, Decreto Legislativo 768, con el objetivo de fortalecer la ejecución de actas de conciliación en materia de alimentos. La propuesta, presentada por la congresista María del Carmen Alva Prieto (bancada AP), recibió 15 votos a favor y 2 abstenciones.

Vale indicar que la iniciativa incorpora mecanismos para que las actas de conciliación con acuerdo alimentario puedan ejecutarse con mayor eficacia. Además, dispone que el juez pueda aplicar reglas de ejecución anticipada y forzada, así como ordenar la apertura de una cuenta de ahorros destinada exclusivamente al pago y cobro de la pensión alimenticia.

Durante el debate, Alva Prieto sostuvo que la iniciativa busca cerrar un vacío legal que afecta a los alimentistas. Según explicó, aunque las actas de conciliación tienen mérito ejecutivo, en la práctica muchas personas deben afrontar trámites prolongados que no responden a la urgencia del derecho alimentario.

Asimismo, remarcó que la obligación alimentaria no constituye una deuda común, sino un derecho fundamental relacionado con la dignidad humana, la protección de la familia y el interés superior del niño y del adolescente. También precisó que la propuesta alcanza a jóvenes que cumplen 18 años y continúan sus estudios, quienes aún requieren apoyo económico legítimo para sostener su proyecto de vida.

NOTIFICACIONES 

Posteriormente, la comisión aprobó, por unanimidad y con cargo a redacción, el dictamen recaído en los proyectos de ley 1230/2021-CR, 5207/2022-CR, 8261/2023-CR y 9128/2024-CR. La iniciativa propone modificar la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, para fortalecer el sistema de notificaciones y la potestad sancionadora en beneficio de la seguridad jurídica y la eficiencia de la administración pública.

El dictamen obtuvo 17 votos a favor. La propuesta fue impulsada por los congresistas Silvana Robles Araujo (BS), Segundo Quiroz Barboza (bancada APP), Magally Santiesteban Suclupe (bancada FP) y Roberto Chiabra León (bancada APP).

La propuesta establece que las notificaciones efectuadas mediante casilla electrónica surtirán efecto desde el día hábil siguiente al depósito del acto en el buzón electrónico asignado al administrado, siempre que el sistema garantice disponibilidad permanente y acceso efectivo. Además, precisa que, si el administrado acredita imposibilidad de acceso por causas no atribuibles a él, la notificación no producirá efectos hasta que cese dicha circunstancia.

Al sustentar la propuesta, el congresista Segundo Quiroz afirmó que la medida fortalece principios esenciales del procedimiento administrativo, como la legalidad, el debido procedimiento y la predictibilidad en la actuación del Estado.

En otro momento, la Comisión de Justicia aprobó, por unanimidad y con cargo a redacción, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 4599/2022-CR, que modifica el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad durante intervenciones, controles de identidad y operativos policiales. La propuesta, presentada por el congresista Luis Roberto Kamiche Morante (bancada APP), recibió 16 votos a favor y 1 voto en reserva.

La iniciativa incorpora un numeral al artículo 68 del Nuevo Código Procesal Penal, referido a las atribuciones de la Policía Nacional del Perú. Según el texto aprobado, la PNP deberá garantizar la dignidad e integridad de las personas con discapacidad durante sus intervenciones y aplicar protocolos especializados que incluyan ajustes razonables, apoyos necesarios y mecanismos de comunicación efectiva.

Asimismo, el grupo parlamentario aprobó, por mayoría y con cargo a redacción, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 2495/2021-CR, que modifica la Ley 27444 para disponer la difusión obligatoria de las opiniones legales emitidas por entidades públicas sobre la interpretación de normas del ordenamiento jurídico. La propuesta, presentada por el congresista Guido Bellido Ugarte (bancada PP), recibió 15 votos a favor y 1 abstención.

El dictamen incorpora el artículo 111-A a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Con ello, las entidades públicas deberán difundir, de manera accesible y permanente, las opiniones legales de carácter general que emitan sobre la interpretación de normas vigentes.

PROTECCIÓN 

Finalmente, la comisión aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 12285/2025-CR, que propone la Ley de protección integral de niños y adolescentes frente a intervenciones médicas irreversibles que afecten su desarrollo físico y psicosocial. La iniciativa, presentada por la congresista Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (bancada RP). Obtuvo 15 votos a favor.

La propuesta prohíbe la prescripción, venta, administración o financiamiento de bloqueadores hormonales, hormonas sexuales cruzadas u otros fármacos con fines de transición hacia una identidad sexual autopercibida distinta al sexo biológico en menores de edad. También prohíbe cirugías de afirmación de identidad sexual autopercibida y protocolos institucionales orientados a la transición social de niños y adolescentes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL