La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó este lunes, por unanimidad, el dictamen recaído en los proyectos de ley 13400/2025-CR y 13588/2025-CR, que propone establecer el 19 de marzo de cada año como el Día de la Confraternidad entre Perú y el Reino de Arabia Saudita.

El grupo de trabajo respaldó la iniciativa con 17 votos a favor, con el propósito de fortalecer los vínculos diplomáticos, políticos, culturales y de cooperación entre ambos países. La propuesta plantea reconocer una fecha simbólica que permita consolidar una agenda bilateral de largo plazo y promover nuevos espacios de acercamiento institucional.

Según el sustento del dictamen, el Perú y Arabia Saudita desarrollan desde el 2014 negociaciones para concretar un Acuerdo General de Cooperación, instrumento marco que permitirá impulsar proyectos estratégicos, intercambiar conocimientos y promover mejores prácticas entre instituciones públicas y sectores productivos de ambos Estados.

La iniciativa también señala que la Cancillería prevé la suscripción del Acuerdo General de Cooperación en mayo de 2026, durante una eventual visita del viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores a Riad.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ambos países mantienen en negociación diversos instrumentos de cooperación. Entre ellos figuran la supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales o de servicio; la conformación del Consejo Empresarial Peruano-Saudita; memorandos de entendimiento entre cámaras de comercio; acuerdos de cooperación energética y minera; servicios aéreos; certificación Halal; cooperación entre bibliotecas nacionales, entidades deportivas y museos.

En esa línea, la Comisión de Relaciones Exteriores sostuvo que la iniciativa se encuentra alineada con la política exterior peruana y con los objetivos del Acuerdo Nacional vinculados a la democracia, la paz, el desarrollo, la integración y la ampliación de mercados.

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO EN ZONAS DE FRONTERA

En otro momento de la sesión, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 8777/2024-CR, que declara de interés nacional el fortalecimiento de la presencia del Estado en las zonas de frontera de la República.

La propuesta recibió 17 votos a favor y una abstención. Se plantea que el Estado refuerce su intervención en los distritos fronterizos del país para garantizar la soberanía, la seguridad integral y el desarrollo territorial sostenible.

La iniciativa prioriza acciones vinculadas con educación, programas sociales, infraestructura, energía, conectividad física y telecomunicaciones. Además, busca que los distintos niveles de gobierno articulen medidas para atender a las poblaciones que enfrentan pobreza, inseguridad, falta de servicios básicos y limitada presencia institucional.

Vale indicar que el dictamen advierte que diversas zonas fronterizas del país enfrentan amenazas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad nacional.

Asimismo, señala que comunidades ubicadas en regiones como Putumayo, Amazonas y Tumbes padecen aislamiento, escasa infraestructura y deficiencias en servicios esenciales. Por ello, la Comisión consideró necesario impulsar una respuesta estatal más firme, coordinada y sostenida.

La propuesta se vincula con la Ley 29778, Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza, que establece la política nacional en esta materia y reconoce la rectoría del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza.

Durante el debate, el congresista Jorge Morante (bancada Somos Perú) sostuvo que la iniciativa aborda un tema relevante, aunque planteó la necesidad de adoptar medidas más concretas para fortalecer proyectos especiales en zonas de frontera.

“Este proyecto como tal tiene mucho interés. Sí, pero en realidad deberá hacerse esta exhortación también al Ministerio de Agricultura para que modifique sus normas de desarrollo, sus normas internas y sus manuales de operaciones para devolverle el carácter multisectorial”, señaló.

Por su parte, la secretaria de la comisión, Gladys Echaiz, remarcó que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe coordinar con las demás instituciones del Estado para alcanzar los objetivos de la propuesta.

Echaiz agregó que la iniciativa no solo debe apuntar a la seguridad fronteriza, sino también al crecimiento y desarrollo de las poblaciones ubicadas en esas zonas.

“Va a tener por finalidad no solamente conseguir la seguridad de la frontera, que tanto nos genera preocupación, sino también el crecimiento y desarrollo de las poblaciones que residen en los lugares aledaños”, manifestó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL