El Pleno del Congreso aprobó este 3 de diciembre la Resolución Legislativa 13461/2025-CR, que autoriza la formación de causa penal contra Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, quien ejerció el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo durante la pandemia del COVID-19.

La representación nacional adoptó esta decisión con 54 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones, tras un extenso debate en el que se revisó el rol del exfuncionario en los pagos efectuados por EsSalud a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C.

La resolución señala a Adrianzén como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado. La decisión se sustenta en las denuncias constitucionales 395 y 406, que el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros y la entonces fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, presentaron en 2023 contra el exministro por presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú y por el posible favorecimiento a la empresa proveedora de kits de detección rápida para la COVID-19.

De acuerdo con el expediente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite ambas denuncias el 21 de noviembre de 2023 y abrió investigación por infracción constitucional y por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido. Posteriormente, la Comisión Permanente otorgó quince días hábiles para que dicho grupo parlamentario realice las indagaciones y presente un informe final.

En el curso del proceso, la Subcomisión escuchó los descargos del exministro, quien el 14 de febrero de 2024 remitió documentación y designó defensa técnica. El congresista José Ernesto Cueto Aservi (bancada HyD) asumió la delegatura y elaboró el Informe de Determinación de Hechos y Pertinencia de Pruebas. Luego, el 26 de marzo y el 9 de abril de 2024 se desarrollaron audiencias públicas con la participación del denunciante congresista Burgos, del representante del Ministerio Público y del propio Adrianzén acompañado de su abogado.

Como parte de la actuación probatoria, diversos funcionarios de EsSalud, entre ellos Aurelio Arturo Orellana Vicuña y Publio Román Maldonado, declararon ante la Subcomisión y confirmaron reuniones y comunicaciones con el exministro en torno al cumplimiento del laudo arbitral que ordenó a la institución pagar a la empresa proveedora. Con esas y otras declaraciones, el grupo de trabajo dio por concluida la fase de investigación.

El 7 de mayo de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por mayoría, el informe final. El documento propuso archivar el extremo referido a la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución; sin embargo, recomendó acusar a Adrianzén como presunto responsable del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, al considerar que existían indicios suficientes de que se interesó indebidamente en el pago a favor de Aionia Technology Corporation S.A.C.

Según el informe, el exministro habría intervenido de manera directa para que EsSalud acelere el desembolso de S/ 41 000 520, monto derivado de un laudo arbitral contenido en la Orden Procesal N.° 8, de 7 de diciembre de 2022, en el marco del caso arbitral 0406-2021-CCL por la adquisición de kits de detección rápida para el nuevo coronavirus.

El pago se concretó el 10 de febrero de 2023 mediante tres comprobantes de pago por S/ 9 705 054,39; S/ 15 000 000 y S/ 15 000 000, respectivamente, documentos que, según el informe, acreditan la ejecución de la operación.

El documento también resalta que, durante la tramitación de las denuncias, se respetaron las garantías del debido procedimiento: se cumplió con las etapas y plazos, se permitió al exministro ejercer su derecho a la defensa, presentar pruebas, contradecir los cargos y ser escuchado ante un órgano parlamentario que actuó, según el propio informe, con imparcialidad y conforme a la Constitución y al Reglamento del Congreso.

Sobre la base de estas consideraciones, la Comisión Permanente aprobó el 4 de junio de 2025 el informe final y conformó la subcomisión acusadora encargada de sustentar la acusación ante el Pleno. Concluido el debate en el hemiciclo el 3 de diciembre de 2025, la representación nacional decidió declarar haber lugar a la formación de causa penal contra Adrianzén Ojeda por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

En su intervención final, el exministro defendió su actuación y rechazó cualquier irregularidad. “Este ciudadano que está aquí presente no tuvo ninguna acción ilegal. Con este tema he sido objeto de una manipulación mediática, porque ni el señor Orellana ni el señor dueño de Aiona, ni ninguno de los 15 funcionarios entrevistados con testimonios ante la Fiscalía, ha dicho que yo presioné o direccioné el pago, ni menos que lo aceleré (…), explicó.

Concluida la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que, en aplicación del inciso j) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será remitido a la Fiscalía de la Nación para que proceda de acuerdo con sus atribuciones y con lo dispuesto por la Constitución Política del Perú.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL