La Subcomisión de Control Político, presidida por la congresista Patricia Juárez (bancada FP), fortaleció este jueves su labor de fiscalización al aprobar un paquete de informes que analizan la legalidad de decretos legislativos y supremos emitidos entre 2022 y 2025.

Con cinco votos a favor, el grupo aprobó por unanimidad los informes referidos a los decretos legislativos 1583, 1604, 1619, 1621 y 1663, los cuales superaron el control constitucional y cumplieron los requisitos formales establecidos en la normativa vigente.

Estas normas —relacionadas con el régimen disciplinario policial, la estructura de la Policía Nacional, disposiciones excepcionales sobre beneficios penitenciarios, el retorno gradual a las reglas macrofiscales y ajustes al Impuesto a la Renta.

Asimismo, la subcomisión recibió 10 informes sobre declaratorias y prórrogas de estados de emergencia. En este bloque, Juárez confirmó que algunos decretos sí respetaron el procedimiento de dación de cuenta.

Dentro del grupo conforme se encuentran los decretos supremos 122-2025-PCM y 123-2025-PCM, que prorrogan emergencias en Pataz (La Libertad), así como en distritos de La Convención (Cusco) y La Mar (Ayacucho), zonas afectadas por organizaciones criminales vinculadas a minería ilegal y narcotráfico.

“En ese sentido, los decretos supremos sí cumplen con el plazo de dación de cuenta. Los mencionados decretos supremos cumplen con los fundamentos de hecho y de derecho, así como con los criterios de temporalidad, proporcionalidad, necesidad de las medidas establecidas en el artículo 137 de la Constitución Política y el artículo 92 del Reglamento del Congreso”, afirmó.

Sin embargo, el análisis también identificó decretos supremos que no cumplieron con los plazos establecidos para informar al Parlamento. Entre ellos figuran los decretos supremos 067-2022-PCM, 070-2022-PCM, 071-2022-PCM, 074-2022-PCM, 075-2022-PCM, 087-2022-PCM, 098-2022-PCM y 113-2022-PCM, relacionados con emergencias originadas por movimientos sísmicos, conflictividad social, paralización de transportistas, heladas, minería ilegal y presencia de economías ilícitas en múltiples regiones.

Ante esta situación, Juárez planteó una exhortación institucional. “Para estos últimos se recomienda a la Comisión de Constitución y Reglamento invocar al Poder Ejecutivo a fin de que cumpla con el mencionado plazo”, sostuvo.

La sesión concluyó con el respaldo unánime (5 votos a favor) a las recomendaciones, marcando un nuevo precedente en el control político sobre los actos normativos de la Presidencia del Consejo de Ministros.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL