Con 83 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 7368/2023-CR y 10625/2024-CR, que propone la ley que elimina la discriminación laboral y autoriza a la Superintendencia Nacional de Migraciones a incorporar al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores que actualmente prestan servicios en la modalidad CAS, a plazo indeterminado.

La propuesta legislativa tiene como objetivo permitir que el personal contratado bajo el Decreto Legislativo 1057 (régimen CAS), y que ya cuenta con condición de indeterminado, acceda a los beneficios del régimen de la actividad privada, tal como corresponde según la Ley Orgánica de Migraciones y con el propósito de erradicar prácticas discriminatorias dentro de la institución.
El dictamen obtuvo 83 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones.

REQUISITOS DE INCORPORACIÓN

El dictamen aprobado establece que, para la transición al régimen del DL 728, los trabajadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:
-Haber adquirido la condición de contratado indeterminado conforme a la Ley 31131.
-Haber ingresado a la institución mediante concurso público de méritos.
-No registrar dos o más sanciones disciplinarias firmes en el ejercicio de sus funciones.

SUSTENTO

El congresista Alejandro Soto Reyes (APP), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, señaló que la medida constituye una oportunidad para eliminar la desigualdad laboral que afecta al personal de Migraciones.

Informó que 553 trabajadores se encuentran actualmente bajo el régimen CAS indeterminado, con un costo anual de S/ 24 936 000. Para incorporarlos al régimen 728 se requiere un presupuesto global de S/ 30 074 958, lo que implica un incremento de aproximadamente S/ 5 138 959.

Asimismo, destacó que entre los años 2022 y 2024 la entidad registró saldos de inejecución cercanos al 3 % de los recursos ordinarios. Para el 2025, se proyecta un monto similar de S/ 6 382 800, cifra suficiente para financiar los costos adicionales de la incorporación sin afectar el erario nacional.

LOS AUTORES

Durante el debate, el congresista Waldemar Cerrón Rojas (bancada PL), autor del Proyecto de Ley 7368, afirmó que el régimen CAS constituye una modalidad precaria que restringe derechos fundamentales y perpetúa desigualdades injustificadas.

Indicó que esta situación contradice el artículo 19 del Decreto Legislativo 1130, que reconoce a Migraciones como una entidad adscrita al régimen de la actividad privada, y vulnera el principio de igualdad ante la ley.

“El uso del CAS indeterminado en Migraciones ha institucionalizado la precarización laboral”, sostuvo, al tiempo de agregar que incluso trabajadores bajo el régimen 728 llevan más de una década sin mejoras remunerativas, lo que evidencia la necesidad de una reforma integral.

Por su parte, la congresista Isabel Cortez Aguirre (bancada PP), autora del Proyecto de Ley 10625, subrayó que por años estos trabajadores han enfrentado discriminación únicamente por estar adscritos a una modalidad contractual diferente.

Recordó que la propia ley orgánica de la institución establece que su personal debe pertenecer al régimen laboral 728, pero antiguas gestiones optaron por contratar bajo el 1057, generando desigualdad.

“Este Congreso escucha a la clase trabajadora. A igual trabajo, iguales beneficios; a igual labor, iguales derechos”, enfatizó. Además, señaló que las múltiples variantes del CAS —CAS Indeterminado, CAS Regular, CAS COVID, CAS Suplencia, incluso “CAS CAS” solo han generado confusión y desorden laboral.

A su turno, el congresista Edgard Reymundo Mercado (BDP) solicitó la incorporación de su proyecto de ley presentado en 2023 y 2024, que también proponía la transición de los CAS indeterminados al régimen 728. Informó que dicha iniciativa obtuvo dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Defensa y fue derivada también a la Comisión de Presupuesto.

La propuesta legislativa fue exonerada de segunda votación con 83 votos a favor, una en contra y 10 abstenciones, con lo cual quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL