Estarán impedidos de contratar con el Estado las personas jurídicas cuyos accionistas que hubiesen sido condenadas como autores o partícipes por delitos de concusión y colusión, señala la modificación del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado propuesta y aprobada por unanimidad en la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

El presidente de la Comisión, Marco Miyashiro, dijo que también están incluidos los delitos de peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, lavado de activos o equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países.

“Además se incluye a personas que directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.”, expresó.

Sobre los consorcios que hayan sido utilizados por uno de los contratantes para cometer alguno de los ilícitos antes señalados, Miyashiro indicó que los impedimentos descritos alcanzarán a los demás miembros del consorcio, miembros del Directorio, gerentes generales, apoderados y aquel que tenga la facultad de dirigir, supervisar y controlar o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio.

INFORMES FINALES

En la sesión del miércoles 10 se aprobó por unanimidad el informe del grupo de trabajo encargado de la presunta adquisición irregular de 200 equipos de respiración autónoma, modelo Air Pak a la empresa Firemed S.A.C, por el monto ascendente a 3 095 320 soles.

Así también, se aprobó la incorporación de los legisladores Janet Sánchez (PPK) y César Campos (FP) al Grupo de trabajo de fiscalización de compras de gobiernos locales, a pedido del congresista Guillermo Martorell, que a la fecha figuraba como único miembro. Esto se da con la finalidad de presentar su informe final en la siguiente legislatura.

En la misma sesión se archivaron por sobrelegislación y pérdida de vigencia cuatro proyectos de ley que disponen el acceso de la Contraloría General de la República a las bases de datos de las entidades públicas; la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

En la misma línea se archivaron las propuestas que promueven el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales; y el cumplimiento de pago de las obligaciones del Estado con las MYPES y otros proveedores en las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias.

Finalmente, se aprobó por unanimidad enviar un oficio para instar al presidente del Congreso a poner en agenda del Pleno los dictámenes de Fiscalización a propuesta de Carlos Domínguez (FP) y el respaldo de Hernando Cevallos (FA).

PRENSA CONGRESO