El Pleno del Congreso aprobó el dictamen  de los proyectos de ley 2888 y 3606 que proponen fortalecer la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar.

Las iniciativas de los grupo parlamentario Fuerza Popular y Nuevo Perú fueron vistas en la Comisión de Justicia y Mujer y tuvieron el respaldo en el Pleno Mujer con 82 votos a favor.

Carlos Oliva indicó que el proyecto de Ley 2888/2017-CR, de la congresista Alejandra Aramayo propone la implementación progresiva de un sistema de interoperabilidad electrónica para los operadores de Justicia en el contexto de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Además que su ámbito de aplicación se centrará en el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Instituto Nacional Penitenciario, las Direcciones de Defensa Pública de las Víctima del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos y los Centros de Salud del Ministerio de Salud.

Tania Pariona, presidenta de la Comisión de la Mujer y autora de la propuesta 3606/2018-CR, manifestó que el fundamento de la iniciativa de ley se centra en la idea de que existen diversos instrumentos que buscan hacer más eficiente la gestión de la administración pública y alcanzar la interoperabilidad, que no es otra cosa que la búsqueda de la interconexión de diversos sistemas para alcanzar objetivos comunes.

“Con la presente iniciativa legislativa proponemos que como Estado contemos con un instrumento con rango de Ley que le sirva de impulso en el camino hacia la interoperabilización de todo el aparato estatal, el cual creemos debe centrarse más en la ciudadanía”, sentenció.

Además añadió que se desea garantizar una respuesta oportuna, acceso real y efectivo a la justicia con sistemas informáticos para reducir de forma gradual las alarmentes cifras de violencia contra mujeres y niñas. “Debemos enfrentar la barrera burocrática parareducir el tiempo de los casos procesales de feminicidio”, finalizó.