La Subcomisión de Control Político, que preside la congresista Patricia Juárez Gallegos (F P), aprobó por unanimidad dictámenes de control de legalidad de decretos legislativos que concluyen que se emitieron conforme con el marco constitucional y la normativa vigente, sin requerir observación o intervención adicional respecto a su validez constitucional.

Los dictámenes están referidos a los siguientes decretos legislativos:
-Decreto Legislativo 1540, que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas, el Impuesto Selectivo al Consumo y el Código Tributario.

Esta norma busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes mediante el uso de herramientas tecnológicas y la modernización de los procedimientos tributarios para la emisión de comprobantes de pago. Asimismo, garantiza que los contribuyentes que no están obligados a llevar libros contables no vean afectados sus derechos tributarios.

-Decreto Legislativo 1542, que optimiza la represión de los ilícitos aduaneros y regula los procesos de disposición de mercancías, adecuándolos a la normativa procesal penal vigente. Modifica diversos artículos de la Ley de Delitos Aduaneros para reforzar la capacidad del Estado frente al contrabando y otras infracciones.

-Decreto Legislativo 1600, que modifica el Decreto Legislativo 1126 sobre el control de insumos químicos, productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas.

La norma fortalece la coordinación interinstitucional entre las autoridades competentes en materia de prevención, control e investigación, a fin de evitar el desvío de insumos hacia actividades ilegales.

-Decreto Legislativo 1676, que modifica el artículo 24-A de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.
Esta disposición regula el proceso de licenciamiento de los institutos y escuelas de educación superior, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio educativo y adecuarlo a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación.

“En relación con estos decretos legislativos emitidos en el mismo contexto, se ha verificado que no contravienen la Constitución Política del Perú ni exceden las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la República”, afirmó la congresista Juárez Gallegos.

DECRETO DE URGENCIA Y DECRETOS SUPREMOS

Asimismo, la Subcomisión de Control Político aprobó por unanimidad el informe recaído en el Decreto de Urgencia 003-2025, que dicta medidas extraordinarias para reforzar la respuesta del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego frente a los efectos de las intensas precipitaciones pluviales.

El decreto autoriza el otorgamiento de un bono agrario de S/ 1,000 a 25 mil productores agrarios aproximadamente registrados en el padrón de beneficiarios de Agro Rural, con una transferencia financiera de S/ 25 millones, proveniente de los saldos de balance de los recursos directamente recaudados de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Posteriormente, la Subcomisión de Control Político aprobó el informe de los decretos supremos 120-2022-PCM, 142-2022-PCM y 121-2025-PCM, que concluye que cumplen con los fundamentos de hecho y de derecho, así como con los criterios de temporalidad, proporcionalidad y necesidad establecidos en el artículo 137 de la Constitución y el artículo 92-A del Reglamento del Congreso.

Cabe señalar que dichos decretos sí cumplieron con el plazo de dación de cuenta ante el Parlamento.

No obstante, los decretos supremos 73, 80, 83, 85, 116, 117 y 120 del año 2022 no cumplieron con dicho requisito, por lo que se recomendó a la Comisión de Constitución y Reglamento invocar al Poder Ejecutivo a observar el cumplimiento del mismo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL