El primer vicepresidente y encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, junto a la legisladora Patricia Juárez (FP), se reunió con representantes del gremio de transporte urbano de Lima y Callao, quienes expresaron su respaldo a la iniciativa legislativa que propone medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías.

Durante el encuentro, los dirigentes del sector agradecieron la apertura del Parlamento y destacaron la urgencia de aplicar acciones concretas frente al incremento de la criminalidad que amenaza a sus unidades y trabajadores.

En ese sentido, Fernando Rospigliosi anunció que este miércoles -en una sesión conjunta de la Comisión de Transportes y la Comisión de Defensa Nacional- se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 12723/2025-CR, que crea un grupo especial de inteligencia conformado por la Policía, el Ministerio Público y otras entidades para combatir de manera directa la extorsión y el sicariato.

«Hemos tenido una muy buena reunión con transportistas que representan a centenares de empresas formales en Lima y Callao. Ellos propusieron la conformación de un grupo especial conjunto de la Policía, la Fiscalía, entre otros, y ese proyecto ya fue aprobado en comisión”, afirmó.

Consultado sobre el financiamiento de las medidas, Fernando Rospigliosi reconoció que el presupuesto es un punto clave. «Lo hemos discutido en las comisiones de Defensa y de Transportes, donde también participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas», detalló.

Adelantó, además, que el proyecto será priorizado en la próxima sesión plenaria. «Vamos a tratar de todas maneras, de ponerlo en la sesión del día de mañana (jueves) y aprobarlo. Espero que sea con el respaldo unánime de todos los sectores políticos», aseguró.

Por su parte, la congresista Patricia Juárez dijo a los representantes del sector: “El transporte merece una mirada especial por parte del Ejecutivo, porque, aunque la inseguridad es ahora el tema central, ustedes tienen otras justas demandas que deben ser atendidas, como la infraestructura vial, la estabilidad y los incentivos para la renovación de vehículos”.

Al respecto, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, destacó la disposición del Parlamento para escuchar al sector. «Creo que son buenos momentos, nuevos aires que se están viviendo, toda vez que estamos encontrando no solamente liderazgo, sino voluntad política hacia las cosas», resaltó.

Vale indicar que también participaron representantes de la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao, el Consorcio Empresarial del Callao, la Corporación de Transporte Urbano, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas y la Cámara de Transporte Urbano, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la seguridad, la formalización y la coordinación interinstitucional.

Es importante señalar que este miércoles, en sesión conjunta de las Comisiones de Transportes y de Defensa Nacional, se aprobó, por unanimidad (con 20 votos a favor), el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 12723/2025-CR, cuyo objeto es «establecer medidas extraordinarias destinadas a combatir los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y transporte de mercancías, servicios esenciales para la economía y la movilidad social».

La iniciativa dispone la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), a cargo del Ministerio del Interior, con participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, contempla medidas de prevención, respuesta y recuperación, entre ellas la verificación de flujos financieros sospechosos por la UIF-Perú, la certificación de rutas seguras, la protección de víctimas, la creación de fiscalías especializadas y un fondo de riesgo y garantía estatal para unidades amenazadas.

Asimismo, la norma establece la extinción de dominio de bienes y cuentas utilizadas en actos extorsivos, y autoriza al Ministerio de Economía a financiar su implementación. Los recursos incautados se destinarán a reparar a las empresas afectadas y a fortalecer el sistema nacional contra la extorsión.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL