En sesión conjunta, las comisiones de Transportes y Comunicaciones, y de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas aprobaron el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 12723/2025-CR, que propone medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías.

La iniciativa legislativa busca combatir el incremento de la violencia y la criminalidad organizada que afecta a este sector, convertido hoy en uno de los principales escenarios del crimen en el país. Conductores, cobradores y empresarios del transporte vienen siendo víctimas de amenazas, cobros ilegales y atentados, poniendo en riesgo su seguridad y la continuidad del servicio.

Además, establece acciones para prevenir y sancionar las actividades delictivas que afectan a transportistas y usuarios mediante operativos conjuntos, control financiero, registro obligatorio de asociaciones de transporte y canales seguros de denuncia. Asimismo, contempla medidas de protección y asistencia integral a las víctimas, que incluyen apoyo legal, psicológico y económico, además del fortalecimiento de las sanciones contra quienes integren o financien redes criminales.

La congresista Karol Paredes Fonseca (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, explicó que la propuesta establece un marco legal extraordinario para enfrentar la extorsión y el sicariato en el transporte público y de mercancías, delitos que han escalado en niveles de violencia, organización y frecuencia, afectando gravemente la seguridad ciudadana, la economía nacional y la vida de miles de trabajadores del sector.

Destacó que la iniciativa plantea la articulación interinstitucional entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Unidad de Inteligencia Financiera, con el propósito de prevenir, detectar y desmantelar las redes criminales que operan bajo modalidades de cobro de cupos, control territorial y amenazas sistemáticas.

Por su parte, el congresista Juan Carlos Mori Celis (AP), presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, informó que para la elaboración del dictamen se recibieron opiniones técnicas de los ministerios del Interior, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Salud, así como de la Fiscalía de la Nación y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con cuyos equipos técnicos se consensuó la fórmula legal.

Durante el debate, la congresista Patricia Chirinos Venegas (RP) propuso la creación de un sistema nacional de denuncias seguras para transportistas, administrado por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que permita recibir denuncias de extorsión de manera confidencial y proteger la integridad de las víctimas.

Asimismo, sugirió incorporar a los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana en la ejecución de las medidas preventivas y en la identificación de rutas seguras, aprovechando su conocimiento territorial y su rol estratégico en la lucha contra la delincuencia.

A su turno, la congresista Isabel Cortez Aguirre (PP) pidió reforzar la presencia policial en los paraderos y buses, especialmente en las horas punta. “En cada paradero deberían estar presentes dos o tres efectivos policiales para intervenir al instante y proceder con la captura. Esa reacción rápida es clave para frenar estos actos delictivos”, manifestó.

El dictamen pasará al Pleno de la representación nacional para su debate y eventual aprobación.

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