Ugarte: “Permitirá optimizar recursos, reducir la burocracia y garantizar una experiencia más segura, ordenada y de calidad a los turistas”.

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, la congresista Katy Ugarte, presentó un proyecto de ley para la creación de la Autoridad Autónoma de Machupicchu, entidad que tendrá la misión de ordenar y fortalecer la gestión del circuito turístico, respondiendo a las crecientes preocupaciones sobre el transporte, la calidad del servicio y la conservación del patrimonio cultural y natural.

El proyecto busca dotar al país de un organismo público descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con autonomía técnica, administrativa y financiera. La propuesta establece que esta nueva autoridad estará conformada por representantes del Estado, gobiernos locales, comunidades campesinas y organismos internacionales, como la UNESCO, con carácter consultivo. De esta manera se asegura una visión integral que combine desarrollo, sostenibilidad y preservación del patrimonio.

“Machu Picchu no puede estar sometido a la dispersión de competencias ni a la burocracia. Necesitamos una autoridad con liderazgo, capacidad técnica y legitimidad para protegerlo y proyectarlo al mundo con estándares de calidad”, señaló la congresista Katy Ugarte, al remarcar la urgencia de esta medida que surge en un contexto de advertencias internacionales respecto a la calificación del santuario como “Maravilla del Mundo».

Entre las principales funciones de la Autoridad Autónoma de Machupicchu se incluyen la elaboración de un Plan Maestro del Circuito Turístico, la gestión de recursos financieros mediante tasas turísticas y cooperación internacional, la fiscalización del cumplimiento de normas ambientales y culturales, así como la promoción de inversiones sostenibles en infraestructura turística. Además, se busca garantizar que cada sol destinado al santuario tenga un uso transparente y eficiente en favor de los visitantes y la población local.

La propuesta responde a la fragmentación actual en la gestión del santuario, que involucra a múltiples entidades como el Ministerio de Cultura, el MINCETUR, el Gobierno Regional del Cusco, SERNANP y municipalidades. “Esta dispersión ha generado conflictos de competencia, lentitud en la toma de decisiones y ausencia de una visión única, lo que repercute directamente en la experiencia del consumidor y en la reputación internacional del Perú como destino turístico” precisó la congresista cusqueña.

Ugarte señaló que, de aprobarse la iniciativa permitirá optimizar recursos, reducir la burocracia y garantizar una experiencia más segura, ordenada y de calidad para los más de un millón de turistas que visitan anualmente Machupicchu.

Asimismo, fortalecerá la conservación del patrimonio arqueológico y natural, protegiendo a las futuras generaciones y asegurando el desarrollo económico sostenible de Cusco y del país.

La titular de esta comisión formuló este anuncio durante la Segunda Audiencia Pública Descentralizada denominada “Problemática de la atención de los usuarios en la venta de entradas al Santuario Histórico de Machu Picchu” que se desarrollo en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, donde participaron los alcaldes de Machu Picchu, Urubamba, representantes del Mincul, Mincetur, Cámara Regional de Turismo de Cusco – Cartuc, entre otros.

“Este proyecto no solo protege a Machupicchu como Patrimonio de la Humanidad, también protege al consumidor nacional e internacional que exige un servicio digno, seguro y transparente. Es una medida que pone al Perú a la altura de los estándares turísticos globales”, enfatizó la presidenta del referido grupo de trabajo, reafirmando el compromiso del Congreso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y con la proyección internacional del país.

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Lima, 24 de septiembre de 2025
Comisión de Defensa del Consumidor