Luis Galarreta (FP) afirmó que sí era posible hacer campañas políticas sin aportes, pero que votaría por el consenso de la mayoría y consideró de hipócrita el accionar de la bancada de Frente Amplio de señalar su visión sin pensar en las empresas. “Los partidos son la esencia de la democracia y no se le debe poner trabas a este dictamen”, finalizó.

Úrsula Letona (FP) señaló que el financiamiento debe responder a una lógica de dinero público pero que a nuestra realidad esto no se acopla por el diferente tipo de economía que tenemos, comparado con países de la OCDE. “Las verdaderas democracias no se desvinculan del sector privado, hay mecanismos que lo regulan, además de incorporar la bancarización y el financiamiento ilegal. El presupuesto público no puede ser destinado solo a financiar partidos sino a otros males más urgentes como la desnutrición”, agregó.

Edilberto Curro (FA) señaló que es importante el financiamiento en la historia de los partidos. “Los militantes pueden aportar para hacer autosostenible los partidos políticos y evitar la corrupción”, acotó. Agregó también que se debe garantizar de dónde proviene el dinero en las elecciones de gobiernos locales, regionales y nacionales.

Patricia Donayre (PPK) indicó que lo que intentan hacer otros colegas es una reglamentación más que una reforma. ”Tenemos que recordar que en la Constitución vamos a establecer cuáles son los fundamentos de la organización del Estado sobre los que se avanzará las leyes”, subrayó.

También añadió que las constituciones tienen vocación de permanencia en el tiempo y el tema de financiamiento de las campañas es eminentemente político. “El dinero es relevante no solo por las cantidades sino porque los partidos son la columna vertebral del Estado democrático y necesitan de ingresos”, remarcó.

María Foronda (FA), resaltó que el debate no era político sino ideológico. “Nosotros rechazamos la mercantilización porque los aportes vinculados con minería ilegal e informal aportan a las campañas y los candidatos no están pensando en el desarrollo del país sino en ciertos intereses, desterremos esas formas perversas”, exigió.

Humberto Morales (FA) dijo que  los partidos deben pensar en el bien público, y no responder a una inversión que debe tener utilidades. “La Comisión Lava Jato, por ejemplo, ha denunciado que se han repartido millones de dólares en diversos partidos políticos porque se hace un acuerdo empresarial y luego se legaliza las acciones. Entonces, ya no es corrupción, pero se pierde el fortalecimiento concebido en la militancia, la posición ideológica y la doctrina por el bien público”, afirmó.

Posteriormente, Jorge del Castillo (CPA) manifestó que 90 días al año de campaña electoral cada 5 años, no lleva a la quiebra a nadie, pero resulta impagable un spot de 20 a 30 millones de dólares solo con aporte estatal. “Por más controles que se pongan, entra la plata. Con este dictamen se mata la ansiedad de recibir recursos, porque mientras manejemos altísimos costos habrá más corrupción.”, sentenció. (MCGH)

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