El congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), titular de la Comisión Especial revisora Código de Ejecución Penal, planteó esta tarde la posibilidad de proponer iniciativas legales para apoyar a que las direcciones de Salud puedan trasladar medicamentos o presupuestos del Seguro Integral de Salud (SIS) a los establecimientos penitenciarios.

Fue durante la sexta sesión extraordinaria de dicho grupo de trabajo, donde se recibió a diversos funcionarios del SIS y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para analizar y buscar viabilidad a la problemática que se presenta en relación con la cobertura de atenciones de salud a las personas privadas de libertad.

Muñante Barrios agradeció la información recibida, “que nos parece sumamente relevante porque nos orienta a la toma de decisiones”.

“Sabemos que hay esfuerzos de parte del SIS para trasladar medicamentos a través de las direcciones de Salud hacia los establecimientos penitenciarios en el país; entiendo que se busca la emisión de un decreto supremo de parte de Ministerio de Salud para derivar presupuesto y atender a las personas privadas de su libertad”, expresó.

“No es el objetivo inicialmente trazado en esta comisión, precisó. Nuestro trabajo es proponer un anteproyecto de Código de Ejecución Penal, pero aparecen estos temas que es necesario abordar. Como es el caso de una norma habilitante, como lo puede ser un decreto supremo para que las direcciones de Salud puedan trasladar presupuesto”.

Hacia el final de la sesión, Alejandro Muñante Barrios lamentó que el Poder Ejecutivo haya observado la autógrafa de ley que propone la realización de censos nacionales penitenciarios cada cinco años, y la ejecución del segundo censo nacional penitenciario durante el año 2025.

EXPOSICIONES
Sobre el tema presupuestal, la asesora de la jefatura del Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud, Blanca Luque Chauca, señaló que “toda la población privada de la libertad cuenta con SIS”.

El punto es que “nosotros no podemos brindar seguros con nuestros equipos y recursos humanos dentro de los penales, ya que están a cargo del INPE, y de otro sector del Ejecutivo”.

“INPE nos solicita un requerimiento presupuestal al SIS para poder ellos fortalecer su servicio de salud, pero somos de diferentes sectores y, además, el rol del INPE, en este caso, no es de brindar salud al 100 por ciento”, manifestó.

La funcionaria informó que “todos los asegurados privados de la libertad tienen su presupuesto, el tema es cómo nosotros hacemos llegar ese presupuesto a un establecimiento que no corresponde. Esa es la traba administrativa”.

Una de las estrategias que han propuesto para ayudar a superar este impase es, precisamente, la emisión de un decreto supremo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL