El Pleno estableció como sanción el cierre de aquellos establecimientos de hospedaje que permitan el ingreso de niños y adolescentes con  el  fin de garantizar su protección e integridad.

            Al respecto, se debatió en la sesión vespertina del martes 22 un texto sustitutorio que recogió la posición de los integrantes de las Comisiones de Comercio Exterior y Turismo y de la Mujer, pero en el cual se establecía una escala de sanciones, como multas de 30 UIT. El congresista Moisés Guía Pianto, presidente de la primera de ellas, comentó que el proyecto inicial – de iniciativa del Ministerio Público- contemplaba sanciones económicas y el cierre del establecimiento.

            Dijo que la iniciativa se enmarca de dentro del plan de trabajo de condenar estos delitos de explotación sexual de menores, donde también el nivel de cooperación de la población es importante.

            Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Cecilia Chacón, destacó la importancia de defender a los menores que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

            Informó del contenido de la propuesta que señala en el artículo 2, que el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los establecimientos de hospedaje se efectuará en compañía de uno o ambos padres, tutores o curadores, o el responsable debidamente acreditado con  una autorización escrita y firma legalizada por notaría pública o autorización judicial competente.

            Dijo que el consentimiento del niño carece de valor jurídico, y en cuanto a las sanciones, estas van desde una multa de 20 UIT hasta la cancelación definitiva del hospedaje.

            Lizbeth Robles afirmó que no hay razones para quitarle la inocencia a los menores y que se necesitan políticas públicas para erradicar la violencia y defender los derechos humanos, sobre todo de los niños y adolescentes.

            Yonhy Lescano pidió precisiones a la norma, mientras que el congresista Juan Carlos Gonzales Ardiles dijo que el Mincetur debe impulsar acciones de fiscalización permanente porque solo un 12% de los nueve mil establecimientos cumplen con las normas.

            Maritza García, dentro de las sanciones, propuso que estas vayan desde el cierre por 30 días, sanciones equivalentes a 30 UIT y en caso de reincidencia, el cierre definitivo del centro de hospedaje. Del mismo modo, el congresista Justiniano Apaza dijo que era un “proyecto loable” y positivo y estuvo de acuerdo con que las sanciones vayan a un fondo especial administrado por el Ministerio de la Mujer.

            Concluidas las intervenciones, el congresista Guía Pianto solicitó un cuarto intermedio para reelaborar el texto de acuerdo con las propuestas de la Comisión de la Mujer. La norma aprobada establece que los prestadores de servicios turísticos también incurren en infracción sancionable con la cancelación de la autorización para desarrollar actividades turísticas cuando promuevan o permitan la explotación sexual de los menores y adolescentes.

            La cancelación será comunicada a la Sunat y a la municipalidad correspondiente para que en un plazo de 48 horas de recibida la comunicación proceda a la cancelación de la licencia de funcionamiento que se otorgó.

            La iniciativa se aprobó por unanimidad (94 votos) y se le exoneró de la segunda votación.

PRENSA CONGRESO