La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por mayoría, modificar la Ley de Protección de Datos Personales con el fin de destacar el derecho del titular de los datos personales de revocar su consentimiento en el uso de dicha información en cualquier momento.

 Para tal efecto, se modifica el artículo 18 de la Ley 29733, Ley de protección de datos personales, modificada por el Decreto Legislativo 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de intereses.

 Según informó la presidenta dese grupo de trabajo, Úrsula Letona Pereyra (FP), también se establece el deber del titular del banco de datos de informar oportunamente las transferencias que se realizarán a fin de que el titular de los datos personales tome una decisión al respecto

Previamente, la Comisión envió al archivo el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1485/2016-CR, que promueve la participación política de los menores de 16 y 17 años a través del voto facultativo.

“MUERTE CIVIL”.

 Así mismo, la Comisión de Constitución y Reglamento inició el debate del dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 118/2016-CR y 329/2016-CR por los cuales se propone impedir que los condenados por corrupción ingresen a la función pública, denominado “muerte civil”.

La titular del grupo de trabajo dijo que se considera que la pena de inhabilitación no tiene como fin la resocialización del penado, sino que posee una finalidad preventiva, ya sea para disuadir al funcionario público a cometer un delito, así como evitar que la administración pública cuente entre sus servidores con personas que han vulnerado el deber especial del cargo o función que desempañaron, o que valiéndose de esta posición, logra su cometido delictivo.

 El dictamen incorpora el numeral 14 del artículo 36 del Código Penal para proponer la incapacidad definitiva para el ejercicio de la función pública a las personas con sentencia condenatoria firme por los delitos vinculados por corrupción

Además, modifica el artículo 38 del mismo cuerpo normativo para establecer la inhabilitación principal de forma definitiva respecto a los delitos vinculados a corrupción.

El texto, según anunció letona Pereyra, será consensuado para la próxima sesión.

También se inició el debate dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 1081/2016-CR, que propone la Ley de reforma constitucional que reconoce el respeto a la identidad cultural del Pueblo Afroperuano; y 2235/2017-CR, que propone la Ley de reforma constitucional de los artículos 43 y 89 de la Constitución Política del Estado, referidos a la plurinacionalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas u originarios.

Entre las novedades de esta propuesta, se agregar la palabra “pluricultural” al artículo 43 de la Constitución.

Sin embargo, una de las autores de la iniciativa, la congresista Tania Pariona (NP) expresó su desacuerdo con la redacción del texto, por lo que se decidió posponer la votación.

La Comisión escuchó la sustentación del PL 1480/2017-CR, que propone modificar el artículo 202 de la Constitución Política a fin de que el Tribunal Constitucional sea competente para conocer los procesos de Acción Popular en segunda y definitiva instancia, a cargo del congresista Vicente Zeballos (NoA).

También la parlamentaria Marisa Glave sustentó su PL 1875/2017-CR, que propone modificar el artículo 60 de la Constitución Política del Estado y permite la actividad empresarial del Estado.

El congresista Oracio Pacori (FA) sustentó el PL 1561/2016-CR, que propone la ley de reforma constitucional que reconoce expresamente el derecho a la alimentación como derecho fundamental; mientras que la parlamentaria Tania Pariona (NP) hizo lo propio con el PL 979/2016-CR, que propone la ley sobre creación, funcionamiento y reconocimiento de las veedurías ciudadanas y comités de vigilancia ciudadana para prevenir, identificar y denunciar actos de corrupción en la administración pública.

Al inicio de la sesión, la parlamentaria Letona Pereyra informó que los tres proyectos de ley relacionados a la modificación en la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria han sido derivados al Grupo de estudio de revisión del Reglamento del Congreso.

PRENSA-CONGRESO 10-04-18

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