Durante el Periodo Anual de Sesiones 2024–2025, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, presidida por el congresista Juan Burgos Oliveros (PP), centró su labor en realizar un control efectivo sobre la gestión pública, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas en el uso de los recursos del Estado.

En el marco de sus indagaciones, el grupo de trabajo ha presentado informes reveladores sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo, y ha impulsado la aprobación de importantes dictámenes orientados a reforzar el control concurrente, recuperar obras paralizadas, cerrar brechas en salud pública y combatir el uso indebido de estructuras jurídicas para fines ilícitos.

INFORMES FINALES

Como resultado de su labor de fiscalización, el grupo de trabajo aprobó tres informes finales sobre indagaciones realizadas.

Uno de ellos está referido al caso de las cirugías estéticas y el presunto abandono de funciones por parte de la presidenta Dina Boluarte Zegarra.

El documento concluye que, tras someterse a una intervención quirúrgica de tipo estético y funcional que duró 2 horas y 25 minutos, la jefa de Estado habría atravesado un período de incapacidad médica temporal, situación que comprometió la continuidad del mando presidencial, la toma de decisiones oportunas ante emergencias y la conducción general de la política del Estado, conforme al artículo 118 de la Constitución.

El informe también recomienda al Pleno del Congreso otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para asegurar el acceso irrestricto a información relevante y evitar futuras obstrucciones en el ejercicio del control parlamentario.

Asimismo, la comisión aprobó el informe final sobre el denominado caso Cofre, referido al uso indebido de vehículos presidenciales. La investigación identifica presuntas coordinaciones irregulares vinculadas directamente a la mandataria, lo que podría configurar una causal de incapacidad moral permanente, según el artículo 113 de la Constitución. La comisión ha instado al Pleno a determinar si corresponde iniciar dicho proceso como respuesta política y constitucional ante los hechos investigados.

El grupo de trabajo también aprobó por mayoría el informe final sobre el caso de presuntas irregularidades en contrataciones laborales de funcionarios y trabajadores del Congreso de la República.

Al respecto, la comisión concluyó que, con los elementos recabados hasta la fecha, no existen pruebas fácticas ni jurídicas que acrediten delitos de proxenetismo, tal como señalaban algunos medios periodísticos.

PRODUCCIÓN LEGISLATIVA

La Comisión de Fiscalización y Contraloría ha cumplido una función legislativa destacada. En el presente periodo, recibió un total de 32 proyectos de ley y aprobó 6 dictámenes.
Uno de ellos se convirtió en ley, es la número 32365, que deroga la Ley 32064 y restituye criterios de autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental, fortaleciendo así la labor de control interno en las entidades públicas.

También sobresalen los siguientes dictámenes aprobados:
-Dictamen recaído en los proyectos de ley 8889/2024-CR y 10046/2024-CR. Propone la modificación de la Ley 31358 para expandir el control concurrente, herramienta clave para prevenir actos de corrupción y garantizar el buen uso de los recursos públicos desde la etapa de ejecución de las inversiones.

-Dictamen del Proyecto de Ley 4792/2024-CR. Establece medidas para impulsar la ejecución de obras públicas paralizadas en el sector salud, reduciendo la brecha de infraestructura sanitaria y fortaleciendo la prestación de servicios médicos en beneficio directo de la población más vulnerable.

-Dictamen del Proyecto de Ley 9448/2024-CR. Promueve la lucha contra la corrupción mediante la regulación del levantamiento del velo societario, figura que permitirá identificar y sancionar a personas naturales que se escudan en estructuras empresariales para cometer ilícitos o eludir responsabilidades.

-Dictamen del Proyecto de Ley 10320/2024-CR. Modifica la Ley 27482 y la Ley 29709 con el objetivo de reforzar la transparencia y la integridad en el sector público, estableciendo mayores exigencias en la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios, y mejorando la fiscalización del desempeño en el sistema penitenciario.

-Dictamen de Proyecto de Ley 4250/2022-CR, que establece obligatoriedad de la publicación de los contratos suscritos por el Estado. (Autógrafa observada por el Poder Ejecutivo)

SESIONES

La Comisión de Fiscalización y Contraloría realizó 10 sesiones ordinarias y 28 extraordinarias, en las que participaron ministros, viceministros, autoridades regionales y locales, así como altos funcionarios públicos.

También desarrolló sesiones extraordinarias descentralizadas en distintos departamentos del país. En La Libertad, se contó con la participación del gobernador regional, César Acuña Peralta; en el Cusco, con el alcalde distrital de Chinchero; en Ayacucho, con el gerente regional de Control de la Contraloría General, Manuel García Guzmán; y en Tumbes, con el alcalde provincial de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger.

CONTROL

En el marco de su labor de control político, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República recibió al entonces fiscal de la nación, Juan Carlos Villena Campana, quien informó sobre las acciones impulsadas en materia de seguridad ciudadana dentro de su competencia, orientadas a mejorar la efectividad en la labor fiscal, la liberación de detenidos en flagrancia y la aplicación de medidas correctivas frente a inconductas funcionales de fiscales, entre otros temas de interés.

Asimismo, se presentó Laura Gutiérrez Gonzáles, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), quien expuso sobre la labor institucional y los procedimientos actualizados para la detección y sanción de incumplimientos a la normativa de contrataciones del Estado.

También participó la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, quien presentó un listado de obras públicas paralizadas, y al contralor general de la república, César Aguilar Surichaqui, quien expuso sobre la situación actual del Sistema Nacional de Control y el control gubernamental.

De igual forma, recibió al gobernador regional de Pasco, Luis Chombo Heredia; al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez; al gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; al gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez; al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje; y al alcalde provincial de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger, entre otros.

La comisión también indagó sobre el proceso irregular de adquisición de más de 4.9 millones de unidades de suero fisiológico, que habría ocasionado lamentables pérdidas humanas debido al suministro de productos defectuosos. A esta sesión asistieron el ministro de Salud, César Vásquez, y el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL