Hoy se realizó una nueva sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, presidida por la congresista María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso (APP), en la que se debatieron y votaron importantes informes finales e informes de calificación de denuncias constitucionales que involucran a exministros, congresistas, magistrados y fiscales.

En el ejercicio de su rol de control político, la subcomisión aprobó los siguientes informes finales:

* El informe final de la Denuncia Constitucional N.º 383 contra la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, por la posible comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El informe recomendó su archivo, decisión aprobada por mayoría.

* El informe final de la Denuncia Constitucional N.º 351 contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, por la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. El informe propuso acusarla e imponerle la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, aprobado por mayoría.

Asimismo, se sometieron a votación informes de calificación, con los siguientes resultados:

* La admisión a trámite de la Denuncia Constitucional N.º 574 contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por presuntos delitos, aprobada por mayoría.

* La admisión a trámite de la Denuncia Constitucional N.º 586 contra el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, aprobada por mayoría.

* La propuesta acumulada que planteaba admitir la denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia únicamente por infracción al artículo 38 de la Constitución, rechazada por mayoría.

* La improcedencia de la Denuncia Constitucional N.º 605 contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, aprobada por mayoría.

* La procedencia de la Denuncia Constitucional N.º 607 contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y fiscales supremos por presuntas infracciones constitucionales y el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; declarando improcedente el extremo referido a usurpación de funciones, decisión que también fue aprobada por mayoría.

La congresista María Acuña remarcó que “la Subcomisión viene actuando con responsabilidad, firmeza y transparencia en un contexto político complejo, donde la población exige respuestas claras y un control efectivo sobre quienes ejercen o ejercieron cargos de poder. Nuestro compromiso es con la democracia, con la lucha contra la impunidad y con el respeto irrestricto al debido proceso”.

De este modo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales reafirma su voluntad de fortalecer la institucionalidad y garantizar que ningún acto al margen de la ley quede sin investigación ni sanción cuando corresponda.

DESPACHO CONGRESISTA MARÍA ACUÑA PERALTA