La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside la congresista Úrsula Letona Pereyra (FP), acordó por unanimidad citar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones-JNE, Víctor Ticona y al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que respondan sobre recientes acciones tomadas en sus respectivas instituciones.

Fue el congresista Miguel Torres Morales (FP) quien sustentó el pedido para invitar al titular del JNE. Informó que, en la víspera, esa entidad habría emitido una resolución que declara fundada un recurso extraordinario de una organización local en Magdalena del Mar, por lo que, las organizaciones que logren su inscripción después del 10 de enero de este año, podrán presentar listas de candidatos en las próximas elecciones regionales y locales.

“El tema es gravísimo. Está yendo contra los principios de predictibilidad y de seguridad jurídica”, dijo Morales al recordar que ya se aprobó un cronograma electoral el cual está vigente.

Agregó que de los cinco magistrados del ente electoral, tres de ellos estaban a favor de respetar ese cronograma electoral, pero sospechosamente el presidente del JNE tuvo que ir de emergencia a una reunión en Palacio de Gobierno, dejando un empate a dos.

“Utilizando el voto dirimente, han generado esta inestabilidad en las reglas de juego electoral”, detalló Morales Torres.

CITAN AL FISCAL DE LA NACIÓN

Seguidamente, la parlamentaria Yeni Vilcatoma (NoA) pidió la presencia del fiscal de la Nación para que explique las razones por las que emitió la Resolución N° 2683, del 2 de agosto de 2017, a través de la cual se le amplía las facultades al fiscal Hamilton Castro y sea quien investigue los nuevos casos de delitos por lavado de activos en relación al caso Odebrecht.

“Se está desconociendo la competencia de cualquier fiscal. Esta resolución está atentando contra el principio del juez natural, que en el Ministerio Público se conoce como el fiscal natural o legal”, explicó la parlamentaria.

Vilcatoma dijo que esa resolución sería uno de los impedimentos por el que el fiscal Domingo Pérez, pese a tener información recogida de Jorge Barata respecto a que Susana Villarán y Susana de la Puente y otros habrían recibido dinero de Odebrecht, no puede abrir investigación contra estos personajes ni tampoco proceder con los allanamientos de sus viviendas, tal como sí lo hizo en los casos de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, ambos vinculados al partido Fuerza Popular.

“Lo que Domingo Pérez ha dicho, en un programa dominical, es que tiene que remitir toda esa información al fiscal Hamilton Castro, por disposición del fiscal de la Nación. Eso es verdad”, dijo Vilcatoma en referencia a la Resolución N° 2683.

Agregó que esa demora en la investigación hacia los otros implicados por Barata podría generar alertas y la desaparición de documentación e información importante para ese caso.

APRUEBAN DICTAMEN.

            En otro momento, la Comisión de Constitución y Reglamento  aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1358, de la Defensoría del Pueblo, que propone la Ley que promueve la aplicación del enfoque de derechos para una adecuada rehabilitación y reconstrucción a favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres.

La propuesta tiene por objeto promover la aplicación de un enfoque de derechos a favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres, mediante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los servicios e infraestructura de uso público afectados por éstos.

Así mismo, a pedido del legislador Javier Velásquez Quesquén (CPA) se aprobó recoger las opiniones del presidente del Poder Judicial, del fiscal de la Nación y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto al predictamen que proponen la Reforma Constitucional a los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política sobre el Consejo Nacional de la Magistratura.

            Previamente, la congresista Tania Pariona Tarqui (FA) sustentó su proyecto de Ley (N° 2235), que propone la Ley de reforma constitucional de los artículos 43 y 89 de la Constitución Política del Estado, referidos a la plurinacionalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas u originarios.

            También hizo lo propio la parlamentaria Lourdes Alcorta (FP), con su proyecto de Ley (N° 736), que propone la Ley que prohíbe a los corruptos ingresar o reingresar a la Administración Pública.

PRENSA-CONGRESO

13-03-18