• Estado reembolsaría dinero solo a los absueltos.

La congresista de Acción Popular, Maricarmen Alva, presentó el Proyecto de Ley N.º 11357/2024-CR, que modifica la Ley del Servicio Civil para establecer que los servidores públicos asuman inicialmente los costos de su defensa legal en procesos judiciales, administrativos o constitucionales. Es decir, el Estado reembolsaría estos gastos únicamente si se determina su no responsabilidad en los hechos investigados.

La iniciativa propone modificar el.  artículo 35 de la Ley N.º 30057, que actualmente permite a los servidores civiles contar con defensa y asesoría legal financiada por el Estado.  En su lugar, se establecería el nuevo mecanismo de financiamiento y reembolso. 

Cómo indica en su iniciativa la expresidenta del Congreso, con esta medida se busca asegurar el principio de legalidad y responsabilidad en la administración pública, proteger al servidor inocente y optimizar el uso de recursos públicos, evitando gastos innecesarios en defensa de servidores que resulten responsables judicialmente.

El proyecto también encarga al Poder Ejecutivo la regulación de los criterios y procedimientos técnicos para implementar adecuadamente esta norma.

Esta propuesta se enmarca en un contexto donde el gasto estatal en defensa legal de funcionarios ha sido significativo. Por ejemplo, durante la administración de la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio del Interior gastó más de S/ 1,4 millones en la contratación de servicios de abogados para ejercer la defensa legal de exministros, funcionarios y miembros de la Policía Nacional del Perú.

DESPACHO CONGRESAL