Durante la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria de Reforma del Sistema de Justicia, que preside la congresista Maricarmen Alva Prieto (NoA), parlamentarios  de diversas bancadas coincidieron en la necesidad de fortalecer a las autoridades nacionales de control del Ministerio Público y del Poder Judicial, dotándolas de mayor autonomía presupuestal, funcional y administrativa, a fin de combatir con mayor eficacia la corrupción y mejorar el desempeño institucional.

La congresista Lady Camones (APP) cuestionó que la Fiscalía de la Nación no haya canalizado, a través de la Comisión de Presupuesto, una solicitud formal para dotar de recursos a su órgano de control.

“No recuerdo que se haya solicitado presupuesto alguno para la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía. Tampoco lo hizo durante la reunión que sostuve con la fiscal de la Nación (Delia Espinoza) hace mes y medio”, señaló.

Agregó que desde el Congreso existe la voluntad de respaldar presupuestalmente a estos órganos, incluso a través de eventuales créditos suplementarios, siempre que haya una solicitud expresa y bien sustentada.

Camones también expresó su firme respaldo a que estas instancias se conviertan en unidades ejecutoras. “Estoy convencida de que deben tener capacidad de manejo autónomo para atender sus necesidades, firmar convenios de cooperación y operar de manera eficiente”, remarcó.

Por su parte, el congresista Roberto Sánchez Palomino (JPVP) advirtió que el país atraviesa una profunda crisis institucional, en la que la corrupción ha hecho metástasis en todos los niveles. En ese sentido, planteó una reflexión de fondo sobre la autonomía y el rol de los órganos de control. “No se trata solo de recursos; es un tema sistémico”, reflexionó.

El congresista Luis Cordero Jon Tay (SP), por su parte, planteó la necesidad de aclarar las competencias entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial respecto a la investigación y tratamiento de procesos.

“Debe haber una acción concatenada y clara, con criterios definidos por cada institución, para evitar vacíos que afectan la eficacia del sistema”, dijo.

Durante la sesión, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, sostuvo que su institución enfrenta serias limitaciones presupuestarias desde su creación en 2019.

“No hemos sido considerados como una partida presupuestal independiente, pese a nuestra misión clave: el control disciplinario y la promoción de la integridad fiscal”, indicó.

Fernández alertó sobre el altísimo nivel de desconfianza ciudadana hacia el Ministerio Público que alcanza un 85 %, según encuestas y señaló que la corrupción en el país ha causado pérdidas patrimoniales superiores a los 20 mil millones de soles, según la Contraloría.

A su turno, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios Bran, afirmó que la provisionalidad de jueces, el retardo procesal y la sobrecarga judicial afectan gravemente el acceso a una justicia efectiva.

Reveló que más del 50 % de jueces en el país no son titulares, lo que socava la independencia judicial. “Planteamos controles preventivos, un sinceramiento del número de órganos jurisdiccionales y una reforma del régimen de jueces supernumerarios”, explicó.

Ambas autoridades coincidieron en que el éxito de las reformas requiere respaldo político, estabilidad presupuestal y una apuesta institucional por la ética y la eficiencia.

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